Chile: Se acaba el Estado subsidiario

En Chile se están discutiendo las cuestiones de fondo y forma para la elección de una Asamblea Constituyente que redactará una nueva Constitución, la que sería aprobada en un referendo. La mayoría de partidos políticos se han puesto de acuerdo, pero varios movimientos sociales se oponen pues afirman, entre otras cosas, que hay varios temas que no han sido incluidos y que dichos partidos no los representan.

Uno de los temas eje, y quizá el más importante, es el principio de subsidiariedad del Estado de la Constitución de Pinochet de 1980. Esa palabra no aparece ni una sola vez en esa Constitución, a diferencia de la peruana, que la menciona explícitamente en el Artículo 60, aunque solo se refiere a la actividad empresarial del Estado (ningún otro país de la región menciona la subsidiariedad).

El mentor fue Jaime Guzmán, ideólogo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cercano a Pinochet. Dice Guzmán, como principio general, que el Estado no debe hacer lo que las sociedades menores (o intermedias, es decir empresas, corporaciones, gremios, clubs, entre otros) puedan hacer sino que debe hacer solo lo que las menores no pueden hacer.

Por consiguiente, el Estado debe retirarse de las actividades que puedan ser desarrolladas por los particulares. Para Guzmán, ese principio es clave para cualquier estructura política y socio-económica que aspire a configurar una sociedad libre. Dicho de otra manera, un Estado que pueda más que las sociedades intermedias desembocará en el autoritarismo.

Este principio –cuyas bases teóricas provienen en parte de la doctrina social de la Iglesia, aunque sacadas de contexto– atraviesa toda la Constitución y se plasma en el Artículo 19. En el caso de la salud, el Estado protege el libre e igualitario acceso a la salud, ya sea pública o privada, y la libertad de elegir el sistema deseado. En la práctica, los que tienen mayores ingresos tienen mejor salud que los demás.

Lo mismo, con algunas variantes, sucede con la educación. Se establece que hay libertad de enseñanza y, también, que los padres tienen el derecho de escoger la escuela de su preferencia. En los hechos los alumnos que van a escuelas del Estado están en desventaja frente a los de mayores ingresos que reciben una mejor educación. Lo mismo con las universidades, donde los estudiantes tienen que endeudarse para pagar sus estudios.

Igual con el sistema de pensiones –no hay ONP– y las personas tienen que ir a las AFP, que les pagan pensiones bajísimas. Dicho esto, bajo Bachelet se creó un pilar solidario que provee a todos de una pensión mínima –hayan o no tenido un trabajo formal, por ejemplo las amas de casa, los campesinos y los informales– por el solo hecho de ser chilenos. Eso no hay acá.

Otro tema central es que la Constitución de 1980 (si bien ha sido modificada en dos oportunidades) tiene candados en el Congreso para garantizar la permanencia del Estado subsidiario, no solo en los temas mencionados, sino también para la defensa y vigencia irrestricta de la economía de libre mercado, que ha llevado a la concentración económica y el aumento de la desigualdad.

Resumiendo, la Constitución de Chile está basada más en el fomento de la “libre empresa” y en el individuo como consumidor, excluyendo las alternativas que tienen objetivos sociales y que fomenten el principio de solidaridad. Eso es lo que ha hartado a millones de chilenos que han dicho basta y están en el camino de cambiar el “sentido común de la subsidiariedad” de la dictadura en 1980.

Advertencia: Cualquier parecido con la realidad subsidiaria del Estado en el Perú es pura coincidencia.

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