El caso Villanueva

El expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva ha sido detenido preliminarmente en el marco de una investigación por el delito de tráfico de influencias. La orden ha sido dictada por el juez supremo Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a pedido de la Fiscalía. Junto a él han sido detenidos el empresario José María Santisteban Zurita, el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el fiscal adjunto provincial Ronald Chafloque Chávez.

La tesis de la Fiscalía es que Villanueva pretendía acceder al fiscal Germán Juárez Atoche para evitar que la investigación por el proyecto de la carretera San José de Sisa (San Martín) progrese o lo comprometa judicialmente. Como se sabe, el expremier es acusado de recibir de Odebrecht un soborno de 30 mi dólares. Un colaborador eficaz asegura que Villanueva direccionó el proceso para que esta empresa ganara la buena pro de la construcción de la citada carretera.

El seguimiento al que fueron sometidos Villanueva y los otros detenidos indica que los contactos entre ellos se iniciaron en agosto de este año, cuando el político detenido ya no se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros, pero cuando todavía ejercía la función parlamentaria para la que fue elegido el año 2016.

El caso Villanueva debe ser analizado como un grave deterioro de la democracia. En este ejercicio debe reflexionarse sobre la falta de control del sistema legal, que permitió que llegara a desempeñar altas responsabilidades en el Estado sea porque sus infracciones no fueron detectadas o no fueron investigadas en su momento.

Al no cumplirse con las labores de control cuando Villanueva ejerció el cargo de gobernador regional, el vacío o la falta de curso a las denuncias de irregularidades en su gestión lo habilitaron automáticamente para ser premier en dos oportunidades (2013 y 2018) y elegido congresista.

Desde la posición de líder de un movimiento regional independiente, Villanueva negoció su aterrizaje en el Congreso a través de un partido nacional, como lo hicieron otros políticos subnacionales. En ese punto también fallaron los controles políticos, debido al modelo de “fichaje” de los candidatos sin mayor preocupación que el volumen de votos que arrastre.

En un país con expresidentes de la República procesados, otro que purga prisión y uno que se suicidó para evitar comparecer ante la justicia, este caso sigue recordándonos que la lucha contra la corrupción demanda una desarrollada capacidad no solo para sancionar sino también para prevenir.