No es inocente

En una votación dividida de 4 votos contra 3, el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto declarar fundado el recurso de hábeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori, y ordenó la libertad de esta.

La decisión del TC no implica la inocencia de Fujimori. En la valoración central de la decisión del TC resalta el uso del principio penal de que la prisión preventiva no es una condena anticipada y es una medida que debe aplicarse como ultima ratio.

Según se sabe, los magistrados fujimoristas del TC no han logrado una mayoría para avanzar sobre el juez Richard Concepción Carhuancho, de modo que al caso le espera un largo recorrido, y no es seguro que el fujimorismo renunciará a obstruir la justicia.

La decisión del TC es contraria a las resoluciones anteriores del Poder Judicial que sentenció a Fujimori a prisión preventiva en atención a las evidencias obtenidas por la Fiscalía, especialmente la obstrucción a la justicia que llevaba a cabo ella, su defensa y su bancada parlamentaria, la que incluía campañas para desacreditar a los fiscales y apartarlos del proceso usando a las altas instancias del Ministerio Público.

El TC no se ha hecho eco de estas evidencias, aunque tampoco ha resuelto contra ellas, rebatiéndolas. Al explicar su posición, el magistrado ponente y presidente del TC, Ernesto Blume, ha optado por otra vía, una que no estaba en debate, que es la defensa de los derechos humanos.

Al explicarse, Blume ha transformado su condición de magistrado constitucional, que es al mismo tiempo jurídica y política, para quedarse solo con la segunda, a pesar de que el caso obligaba a una estricta valoración procesal y legal, tratándose de un recurso de hábeas corpus.

Son innecesarias sus expresiones contra los medios, en el fondo y en la forma altisonantes con las que fueron pronunciadas, así como su ataque al fiscal José Domingo Pérez. Sus declaraciones sobre que “la justicia constitucional no se subordina a ningún poder político, ni al poder de una burocracia ni de algunos funcionarios”, o que “la justicia mediática no es justicia”, parecen copiadas de la mayoría parlamentaria del Congreso disuelto. Peor aún la que señala que “es un imperativo nacional constitucionalizar la lucha contra la corrupción para que sea auténtica”, que deviene en un ataque a los otros órganos de justicia.

La decisión del TC es una señal de que la lucha contra la corrupción no tiene asegurada su victoria, y que en el momento menos pensado puede ser frenada. Al mismo tiempo nos recuerda que no hay que bajar la guardia.