Lonche gratis

El premier Vicente Zeballos ha anunciado que en breve el Ejecutivo emitirá un conjunto de decretos de urgencia para fortalecer EsSalud, como parte de un ejercicio de sinceramiento para disminuir las deudas de distintas entidades, entre ellas el mismo gobierno central y los gobiernos regionales, en la perspectiva de mejorar su infraestructura, equipamiento y el recurso humano.

Luego, tanto la titular de EsSalud como la ministra de Trabajo, han señalado que no se planea descontar el 9% de las gratificaciones de julio y diciembre de los trabajadores, como lo había sugerido la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sobre la mesa se encuentra la necesidad ineludible de homologar aportes desiguales producto de normas populistas expedidas en los últimos años y recuperar las deudas públicas y privadas.

Ha llegado el momento de que el Estado y el sector privado tengan frente a la seguridad un discurso coherente, haciéndose cargo de las distorsiones de regímenes de aportes que se pagan por debajo del 9% –como el caso de las empresas agroexportadoras– pero que como es obvio demandan servicios completos. De hecho, si se promedian estas disparidades, en el Perú, el aporte a la seguridad social es del 6,5%, uno de los más bajos de América Latina.

El sector privado parece no hacerse eco de esta necesidad. Una de las últimas expresiones de ello son las declaraciones de la presidenta de la Confiep que ha recomendado a EsSalud “hacer ajustes dentro de la entidad”, sin acordarse de lo fundamental que le toca a ella y a su gremio: demandar a sus asociados que paguen sus deudas a EsSalud.

Ahí tienen, por si faltaba, una muestra de la falta de sensibilidad con este delicado asunto. De hecho, es común que varios defensores del libre mercado en su versión salvaje recurran al “lonche gratis” cuando se trata de cumplir con sus obligaciones.

En un sistema donde los servicios no caen del cielo, es básica la ecuación de la reforma: la mejora depende tanto de los cambios internos como de la recuperación del financiamiento, que en el caso de EsSalud supera los 4 mil millones, sin considerar el desfinanciamiento por leyes abusivas y uso indebido de sus recursos para fines extraños a la seguridad social.

Luego de varios intentos de cambio, no se ha podido demostrar con solvencia que existe otro modo de resolver la brecha de 32 mil millones en infraestructura, 9 mil en enfermeras y 5 mil en médicos, solo para citar algunos datos, sin que quienes toman las decisiones se metan la mano al bolsillo y paguen sus deudas.