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Política

Arequipa: Gobernador Cáceres debe disculparse con La Joya

Exhortación. Consejo Regional aprobó acuerdo para exhortarlo a pedir disculpas. La autoridad regional ha dicho que si tiene que enmendar lo hará mil veces.

cruce verbal. Bernal culpó a Hancco de orquestar protestas contra el gobernador. Dijo que pedirá que la fiscalía lo investigue por el bloqueo del km 48.
cruce verbal. Bernal culpó a Hancco de orquestar protestas contra el gobernador. Dijo que pedirá que la fiscalía lo investigue por el bloqueo del km 48.

Roberth Orihuela Q.

No le queda otra. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tendrá que disculparse con los agricultores del distrito de La Joya. El lunes de la semana pasada, la autoridad regional dijo que sus dirigentes orquestaban las protestas porque recibían dinero de Southern y Norteamérica.

Después de una acalorada reunión, el Consejo Regional aprobó ayer por unanimidad un acuerdo que lo exhorta a excusarse por sus agravios.

Tras conocer el acuerdo, el gobernador se pronunció. “Yo me disculpo las veces que quieran, porque es mi pueblo. Si tengo que hacerlo mil veces, lo haré, aunque sea de temas que quizá no se han dicho o se presumen”, señaló.

Pero aunque Cáceres Llica diga que solo son presunciones, lo cierto es que existen evidencias de su actitud confrontacional en La Joya.

Los hechos se dieron el lunes 11. El gobernador ya había sido citado por los pobladores en tres oportunidades, pero no asistió, alegando que hubo una descoordinación entre los dirigentes y sus funcionarios.

La población necesitaba que le brinden una solución respecto a tres temas: el proyecto para incrementar el servicio de agua y desagüe, la construcción del segundo tramo de la vía Arequipa-La Joya, y el retiro de la planta de beneficio de minerales La Joya Mining, ubicada en la zona de San José.

Ese lunes Cáceres Llica llegó temprano. Se encontró con algunos pobladores, pero no aguantó que le recriminaran. “Usted mal informa. ¿Quién le paga, Norteamérica? La Southern (minera que pretende explotar cobre en el valle de Tambo) está en contra de nosotros y paga a dirigentes para joder”, le dijo a un poblador que intentó calmarlo.

¿Un tema doméstico?

Después de marchas y contramarchas, el espinoso asunto se abordó en sesión de consejo. Veto Bernal, el presidente del Legislativo, quiso bajarle la llanta, alegando que se trataba de un tema doméstico y que fue la población la que sacó de sus casillas al gobernador.

Los consejeros de oposición le recordaron a Bernal que una autoridad no puede alterarse de esa manera. “Más bien, debe guardar las formas y la compostura frente a este tipo de situaciones. Hay que tener respeto hacia la población”, indicó Harberth Zúñiga.

A su turno, el consejero Elmer Pinto salió en defensa de Cáceres Llica y acusó a la prensa de hacer leña del tema. Para él se trata de un asunto menor. “Por qué la prensa no investiga el Gasoducto del Sur. Los tubos están oxidándose. Por qué no dicen nada de Majes Siguas II, sobre las irregularidades”, dijo. Sin embargo, Pinto parece olvidar que es función de los consejeros hacer el trabajo de fiscalización y lo hacen.

Al final, Bernal acusó a su colega José Luis Hancco de haber orquestado la protesta contra Cáceres Llica, que terminó en el bloqueo del kilómetro 48 de la Panamericana Sur. “Yo lo he visto, días antes de la huelga, salir de la oficina de Vicegobernación junto a los dirigentes de La Joya arengando contra el gobernador, que la fiscalía los investigue también por bloquear la vía”, dijo.

Hancco retó a Bernal a hacer la denuncia, pero con pruebas fehacientes.

Pugna por los terrenos para Tía María

Southern no devolverá las 49 hectáreas de servidumbre que la gestión de Cáceres Llica le quitó con la Resolución Ejecutiva N.° 477. El jefe de Comunicaciones, Paúl Lostaunau Ramos, dijo que no lo harán porque aún mantienen derechos legales sobre el terreno.

En tanto, desde el gobierno regional, indicaron que iniciarán el proceso de recuperación coactiva. El documento será emitido entre hoy y mañana. La empresa tiene luego siete días para responder. En caso contrario, se haría con las fuerzas policiales en el lapso de 15 días como máximo.

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