El informante: La prueba diabólica, por Ricardo Uceda

Hoy culminan las audiencias para sustentar apelaciones contra los 18 meses de prisión preventiva impuestos por el juez Jorge Chávez Tamariz a 14 árbitros que dirimieron discordias entre Odebrecht y el Estado. Habrían aceptado sobornos de la constructora brasileña. Entre ellos está Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, agresivo adversario del Equipo Especial Lava Jato que pidió los encarcelamientos. Hay árbitros de alta reputación –Fernando Cantuarias, Franz Kundmüller y Mario Castillo Freyre– por quienes ponen las manos al fuego importantes comentaristas y abogados. A 14 días de la medida, queda claro que el juez no diferenció los casos, como tal vez lo hará la Sala de Apelaciones. Las correcciones, sin embargo, no restan gravedad a lo ocurrido.

La crítica al encierro de Los Intachables (por llamarlos de algún modo), si bien nace de testimonios sobre su probidad, se cimenta en la pobreza de los indicios. Pero la perversión mayor no consiste en que fueron tratadas como criminales organizados algunas personas con fama de decentes. Está en la falta de rigor y ponderación para todo el grupo, aun considerando que dentro de sus miembros pudiera haber quienes terminen acusados luego de la etapa investigativa. La fiscalía no tiene cómo sustentar la tesis de que el soborno fue incluido en sus honorarios profesionales. Es una administración de justicia al peso, a fardo cerrado, que desmerece el apellido anticorrupción y abre espacio a todo tipo de sospechas.

Abogado no grato

El comentario extendido en los corrillos judiciales es que fregaron a todos para disimular una retaliación de los fiscales contra Humberto Abanto. La arbitrariedad produce especulaciones de ese tipo. A Abanto se lo imputa porque habría pedido un soborno de 106 mil dólares en un laudo arbitral, que le fue entregado por un coárbitro, Alejandro Álvarez. No hay testimonio directo de la petición. Tampoco de la entrega, pues a Álvarez –que niega todo– se lo habría dado un tercero que lo recibió de un segundo al que autorizó un primero, funcionario de Odebrecht. Hasta ahora, Jorge Barata ha dicho que el único árbitro coimeado por su empresa fue Horacio Cánepa, que hoy pretende beneficios.

En su defensa durante la audiencia, Abanto incidió en la falta de corroboración de las versiones incriminatorias. Señaló contradicciones entre dos aspirantes a colaboradores eficaces, ninguno de los cuales lo mencionó. Pero aún si el juez tuviera la convicción de que será condenado (un supuesto para imponer prisión preventiva), estaba obligado a sustentar mínimamente su peligrosidad procesal.

Tabla inservible

Al respecto, con Abanto ocurrió lo que con el resto de imputados: se le atribuyó peligro procesal de fuga por haber viajado varias veces al exterior y haber “instrumentalizado” su profesión. O sea, por ejercer regularmente la abogacía en forma criminal.

–Se le está pidiendo a todos los imputados una prueba diabólica –dijo en la audiencia del viernes 15 José Orrego, abogado de Alejandro Álvarez–: nunca podrán acreditar un arraigo laboral si tienen la profesión de abogado, que para el juez ya está criminalizada.

La mayor parte de detenidos fueron delatados por Horacio Cánepa, cuya identidad como aspirante a colaborador eficaz ya es pública. Otro informante en la misma situación complementó sus dichos. La fiscalía empleó una tabla inaplicable del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para demostrar que los estipendios encubrían sobornos. La escala es de un período diferente al del laudo y los montos fueron pactados distintamente a lo presumido. Enrique Ghersi, abogado de Cantuarias, pulverizó las pruebas ofrecidas como referencia objetiva de un sobrepago.

Nunca sancionados

En el caso de Mario Castillo, un prestigioso árbitro cuyos honorarios fueron pactados libremente –otra aplicación inútil de la tabla de la CCL–, el colaborador eficaz de la fiscalía lo calificó de incorruptible. Y opinaron en vez de informar los funcionarios de Odebrecht cuyas declaraciones sirvieron de base al requerimiento de prisión. “¿Ese dinero que usted señala que se le pagó a cada árbitro constituiría una especie de entrega de dinero o soborno encubierto?”, preguntó el fiscal. Respuesta: “Podría, claro que sí”. Estos testigos declararon en ejecución del acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht. No pueden ser acusados. Tampoco interrogados por la defensa.

Sin embargo, es un hecho que, aun tratándose de Los Intachables, hay testigos que dicen que hubo sobornos, y que son los mismos en la mayoría de los casos. Lo cual, sumado a las dudas sobre las imputaciones, desata preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto hubo sobornos? ¿Hasta qué punto fabrica imputaciones el corruptazo Horacio Cánepa? ¿En qué medida la fiscalía aporta testimonios forzados? La idea resultante después de las audiencias es que falta mayor investigación.

Tremendo juez

El juez Jorge Chávez Tamariz es quien impuso 36 meses de prisión preventiva contra PPK. Es seguro que no será sancionado. El Poder Judicial solo investiga a jueces que dejan en libertad a imputados que la gente quiere ver presos. Entonces un juez ve amenazada su estabilidad, su carrera, sus ingresos. Pero no le pasará nada si, como Chávez, copia y pega párrafos de otras resoluciones, o ignora un acuerdo plenario vinculante de la Corte Suprema para impedir abusos con la prisión preventiva. O si manda a prisión a alguien como el árbitro Daniel Linares, contra quien el Ministerio Público no presentó nada. Lo admitió el fiscal Reggis Chávez en la audiencia. Tras escucharlo, Linares dijo golpeando la mesa:

–¡Por Dios! ¿Cómo se me encerró más de una semana por una deducción?

La Sala de Apelaciones dispuso liberarlo en el acto.