Contraloría advierte que Región Arequipa es una agencia de empleo

Fiorella Montaño

El Gobierno Regional de Arequipa destina S/ 914 millones anuales para el pago de trabajadores y funcionarios. Al final de cada gestión, se engrosan las planillas de la institución, porque los trabajadores logran ser repuestos y nombrados mediante procesos judiciales.

La gestión de Elmer Cáceres Llica no se salva de esta práctica. Contraloría detectó el riesgo de que 91 personas puedan ser incorporadas a la planilla por un “descuido” de la oficina de Recursos Humanos.

Durante la gestión, se ha contratado a 91 personas bajo el régimen de locación de servicios; sin embargo se estarían desnaturalizando sus contratos , ya que realizan labores que corresponden a personal administrativo.

Según detalla el informe del órgano de control, el régimen de locador no establece una relación de dependencia, sino que, por el contrario, es autónomo. En este caso, las personas contratadas realizan labores bajo la dependencia de algún área.

Por ejemplo, se tiene el caso de un trabajador de la Subgerencia de Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios. Ha realizado las labores de servicio de asistencia social, de secretaria y de archivo, dentro del área. Los contratos se realizan de forma continua.

También es el caso de otro trabajador, que fue contratado por locación hasta en seis oportunidades para trabajar en el área de Logística y Recursos Humanos como asistente administrativo.

Los sueldos que reciben estas personas van desde los S/1 400 hasta los S/3 600 por contrato. Se han destinado S/ 976 252 para pagar a los 91 contratados.

Al advertir que estas personas fueron contratadas de forma reiterativa, la Contraloría evidenció que el gobierno regional incumplió con el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. En esta norma, se indica que las entidades públicas están prohibidas de prorrogar contratos de servicios no personales.

La consecuencia de la prestación irregular de estos servicios es que las personas contratadas demanden a la entidad por desnaturalizar sus contratos. Así lograrán conseguir estabilidad laboral y que el gobierno regional pague beneficios laborales que no fueron brindados cuando trabajaban como locadores. El informe fue remitido al gobernador Elmer Cáceres el pasado 11 de noviembre. La Contraloría otorga un plazo de 10 días, para que el gobierno regional responda sobre las acciones correctivas que se han tomado, con el fin de evitar futuras demandas. La República pidió la versión de la región a su área de Relaciones Públicas, pero no obtuvo respuesta.

Más observaciones

Otro informe de la Contraloría advierte retrasos en la construcción del hospital Maritza Campos, en el Cono Norte de la ciudad. Asimismo, se señala que el cuaderno de obras no cuenta con las firmas del inspector y el residente de obra, lo que podría poner en riesgo la calidad de la infraestructura hospitalaria.

Contratan a familia de Edgar Alarcón

En julio de este año, el área de Logística de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) realizó la contratación de la empresa Soto Tejada Consultores y Asesores. Es una empresa familiar formada por la tía y prima de Edgar Alarcón.

Según el Órgano de Control Interno (OCI) de Autodema, se contrató con personal inhabilitado y se presentó documentación sin validez. La gerenta de la empresa señaló que la OCI miente y que se trata de una persecución.