El país de las dos mil fosas

México

Un jurado de eminentes periodistas entregó, el 9 de noviembre, el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdez a las mexicanas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, por una búsqueda de año y medio que desenterró una información pasmosa: 1,978 fosas clandestinas habían sido encontradas entre 2006 y 2016. Las pruebas estaban en distintos archivos pero nadie las reunió. En México desaparecieron cuarenta mil personas durante los doce últimos años de la guerra contra el narcotráfico. Mientras crecía un movimiento nacional de los familiares, el Estado no hizo mayor cosa para buscarlas.

Guillén, Torres y Turati se aliaron con otros quince periodistas para hacer el recuento. Enviaron 200 solicitudes de información a fiscalías y procuradurías del país, y desde 24 de los 32 Estados obtuvieron reportes disímiles sobre las fosas descubiertas. Contabilizaron 2,884 cuerpos, 325 cráneos, 217 osamentas y 799 unidades de otro tipo de restos. Uno de cada siete municipios había localizado fosas, sin que pudieran ser identificadas alrededor de mil personas. Antes de que fuera premiada esta investigación ya había tenido un gran impacto en su país. Logró espolear a las autoridades estatales y dinamizar el activismo de los deudos.

El verdadero Joao

El segundo premio fue para periodistas de dos equipos brasileños de TV Globo que trabajaron y concursaron por separado. El jurado encontró que sus investigaciones tenían méritos equivalentes. Pedro Bial, director del programa Conversa con Bial, y Camila Appel, la productora, revelaron que por lo menos trece mujeres habían sido violadas por el famoso curandero Joao de Dios, conocido por su filantropía y por sus sanaciones supuestamente milagrosas. Atendía a celebridades mundiales. Bial entrevistó a una de las víctimas tras una investigación de Appel para confirmar las denuncias, y Joao de Dios fue detenido a los pocos días.

Hubo una ola de nuevas acusaciones, con más de trescientas personas registrando episodios ante las autoridades. En esta fase comenzó su trabajo el segundo equipo, con James Alberti y Mauricio Ferraz, que descubrió el inimaginable pasado criminal del curandero: asesinatos, narcotráfico, otros delitos.

889 páginas de chats

El tercer premio lo obtuvo el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico, CPI, que logró el primer lugar en 2018 por un extraordinario recuento de las víctimas del huracán María. Esta vez CPI hizo un trabajo veloz y de coyuntura. Comenzó cuando se filtraron al público chats sorprendentes del gobernador del país, Ricardo Roselló, llamado también Ricky. El caso fue conocido después como Telegramgate o Rickyleaks.

Roselló renunció obligado por multitudinarias manifestaciones de repudio luego de que se conocieran chats ofensivos en Telegram. Sus víctimas fueron diversas personalidades. En los textos hacía comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin, se burlaba de las víctimas del huracán María, aludía groseramente a sus adversarios políticos. El CPI publicó 889 páginas de intercambio de chats entre el gobernador y once personas de su círculo, al mismo tiempo que reportajes explicativos del contexto y de las claves de las expresiones. No solo sus comentarios procaces quedaban al desnudo, también un quehacer gubernativo en el que operaban esquemas de corrupción. Precisamente el CPI sometió al concurso la reconstrucción, a partir de los chats, de una red de complicidades para medrar alrededor de las arcas públicas de Puerto Rico.

Tres maneras

En estos premios, entregados anualmente desde el 2003 por el Instituto Prensa y Sociedad (el autor dirige el IPYS), es posible ver en qué medida el periodismo cumple su rol. Los objetivos de búsqueda son poderes de cualquier naturaleza. Este año, aparte de los trabajos mencionados, destacaron otras doce investigaciones finalistas sobre fraudes contra los Estados, tráfico de personas y depredación ambiental. Fueron expuestos en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2019), que se desarrolló del 7 al 10 de noviembre en Ciudad de México. Es un muestrario de las diversas maneras en las que puede buscarse una verdad escondida.

Ya vimos que el uso de información pública sirvió para revelar la dimensión de los entierros clandestinos, que el reporteo directo permitió denunciar a Joao de Dios, y que filtraciones fueron el punto de partida para desnudar a un gobernador. Hay más maneras, como el uso de bases de datos y de novedosos recursos tecnológicos. Pero la tendencia más destacada que mostró COLPIN 2019 fue la exigencia a los Estados para que entreguen la información en su poder.

El Estado-fuente

Así, Sergio Arauz, de El Faro, de El Salvador, logró documentar el desvío de más de un millón de dólares para viajes privados del ex presidente izquierdista Mauricio Funes y su familia, el pago de cuentas personales y el derroche de dinero público en costosas compras en tiendas internacionales. Zorayda Gallegos, de El País, demostró que solo 16 de 5,000 expedientes abiertos por lavado de dinero en México culminaron en condenas que no afectaron a ninguno de los capos de la droga. En Brasil, Juliana Dal Piva y Juliana Castro, de Globo y Época, revelaron que 102 miembros de la familia Bolsonaro fueron nombrados por el actual presidente y sus tres hijos durante tres décadas de actividad parlamentaria. Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE) premió en COLPIN 2019 a estas tres investigaciones, de entre doce finalistas. Todas acusando con pruebas irrefutables obtenidas del propio Estado. Para ello, claro, tienen que funcionar los sistemas de acceso a la información pública, algo que en el Perú el presidente Martín Vizcarra ofreció hacer e incumplió.