Justicia pero sin cheque en blanco

Los fiscales anticorrupción están haciendo un trabajo muy importante en el país, el cual debe ser reconocido, pero eso no debe confundirse con el cheque en blanco que con frecuencia ellos parecen reclamar, ni con la mirada complaciente por parte de varios sectores –incluidos algunos del periodismo– en los que hay una ausencia de crítica que le haría mucho bien al propio trabajo del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

No se reconoce en lo anterior al papel de los sectores que, como algunos medios, tienen un encono abierto y sistemático contra los fiscales, como expresión de su compromiso político con ciertas agrupaciones seriamente comprometidas con la corrupción.

Sí, en cambio, a sectores que han mostrado un compromiso con la lucha anticorrupción tanto en sus líneas informativas como editoriales, pero en los que ha escaseado la crítica constructiva al trabajo realizado por fiscales y jueces dedicados a estas materias.

Por ejemplo, el uso controversial y poco sólido de las figuras de delito de lavado de activos y de la organización criminal; pactar con testigos para que sus testimonios validen las hipótesis de los fiscales aunque sean falsos; solicitar y aprobar prisiones preventivas injustas como las establecidas esta semana para algunos árbitros que participaron en casos entre el sector público y Odebrecht; demorarse tanto en acusar formalmente ante el Poder Judicial a los investigados por actos de corrupción; y hasta algunas evidencias de coincidencia sospechosa de fiscales y jueces con urgencias políticas del gobierno.

Esta ausencia de crítica puede obedecer al objetivo de no debilitar a funcionarios que, innegablemente, se enfrentan a un monstruo muy grande como la corrupción en complicidad con políticos de peso; o a la pretensión de asegurarse primicias que puedan administrar los fiscales a cambio de una cobertura periodística ‘positiva’.

El respaldo a los responsables de los procesos anticorrupción es clave, pero nunca debe implicar un cheque en blanco en la evaluación de su desempeño, y hay algunos aspectos que merecen ser observados con más rigor en el esfuerzo por contar con fiscales y jueces que sean políticamente independientes y jurídicamente imparciales.