Los magistrados insisten en que no dejarán de resolver la demanda de competencia por algún formulismo. Resolverán el fondo de la controversia para saber qué hacer en el futuro.

Tribunal Constitucional da paso a elección 2020 y resolverá la demanda competencial

Proceso en marcha. La admisión a trámite de la demanda competencial que promovió el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, determinará si el cierre del Parlamento fue constitucional o no. El Tribunal Constitucional también rechazó por 5 votos a 2 la medida cautelar por la cual se pretendía que los legisladores disueltos vuelvan al Congreso.

César Romero
30 Oct 2019 | 11:08 h

Las elecciones del 26 de enero del 2020 se mantienen y el Congreso permanecerá disuelto. Por unanimidad, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite la demanda de competencia que presentó la Comisión Permanente del Congreso contra el Ejecutivo por el cierre del Parlamento. En tanto, en una segunda votación, los magistrados declararon por mayoría, de 5 votos contra 2, improcedente la medida cautelar que presentó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea.

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El mencionado recurso planteaba suspender la convocatoria a elecciones para el 26 de enero y restablecer el Congreso disuelto, pero no fue aceptado por los magistrados, con los votos de Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma Narváez y Augusto Ferrero Costa.

Solo el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y el magistrado José Luis Sardón de Taboada se pronunciaron a favor de suspender la convocatoria a elecciones y restablecer el Parlamento disuelto.

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Al término del pleno del TC, Blume informó que el próximo lunes, 4 de noviembre, se procederá a publicar en la página web del TC las resoluciones en las que se rechaza la medida cautelar y la que admite a trámite la demanda de competencia.

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Elección sigue adelante

La admisión a trámite supone que los magistrados examinarán el fondo de la demanda, esto es el cierre del Congreso, el 30 de setiembre pasado, luego de que el Ejecutivo consideró denegado un segundo pedido de confianza.

De acuerdo con la propuesta del magistrado Ramos Núñez, la demanda de competencia se admite a trámite “por el principio pro actione, es decir evitar que determinadas interpretaciones del texto de la ley obstaculicen el derecho del justiciable a que se resuelva su pedido”.

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En la resolución se precisará que esto no supone que el TC reconozca al congresista Pedro Olaechea como presidente del Congreso, cargo con el que firma la demanda de competencia, pues este organismo está disuelto.

Solo se reconoce el derecho del Congreso, como ente jurídico, a recurrir al TC, además de la necesidad y obligación que tiene todo Tribunal Constitucional de dar respuesta conforme a la Constitución a los problemas más importantes que hay en una sociedad, explicó el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.

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Por su parte, Ramos Núñez indicó que "el proceso electoral en marcha queda en pie, más allá de la respuesta del Tribunal Constitucional". Es decir, precisó Ramos, las elecciones se llevarán a cabo y no tiene que haber preocupación en la ciudadanía sobre el proceso convocado para el 26 de enero próximo.

Ahora se procederá a correr traslado de la demanda, esto es notificar al Poder Ejecutivo la pretensión de la Comisión Permanente del Congreso para que el TC se pronuncie sobre la denegatoria de la cuestión de confianza y la decisión de cerrar el Congreso.

Magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Nuñez. Foto: La República.

Plazos

De acuerdo con los plazos procesales del trámite del Tribunal Constitucional, una sentencia podría estar lista para la tercera semana de febrero; es decir, casi un mes después de que la ciudadanía concurra a las urnas para elegir un Parlamento que ejercerá hasta el 2021.

Ramos y Espinosa-Saldaña detallaron que luego de que el 4 de noviembre se publique la resolución de admisión a trámite de la demanda, esta será notificada al Ejecutivo para que conteste.

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Entonces, el Ejecutivo tendrá hasta 30 días para contestar la demanda. Puede contestar de inmediato o esperar hasta el último día, que sería el 16 de diciembre próximo. Este plazo es de días útiles, es decir, no cuentan sábados, domingos y feriados.

Ramos Núñez indicó que lo mejor es que el Ejecutivo, a través de los procuradores de la PCM o el Ministerio de Justicia, conteste la demanda en un plazo breve, de tal manera que el TC también podría avanzar con celeridad.

Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Foto: Melissa Merino.

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Luego de que el Ejecutivo conteste o después del 16 de diciembre, con o sin la contestación de la demanda, el pleno del TC programará una audiencia, en un plazo de 10 días.

El reglamento del TC no precisa si la audiencia se programa inmediatamente luego de recibir la respuesta del demandado o en un plazo prudencial. Habrá que tener en cuenta las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por eso se prevé que la audiencia se podría programar para un día entre el 6 y 10 de enero. Esta audiencia se realizará en Arequipa.

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En la audiencia, los magistrados escucharán a los abogados del Congreso y del Ejecutivo, y luego empezarán a deliberar su decisión final. A partir de este punto corre otro plazo de entre 15 y 30 días útiles para emitir la sentencia, de acuerdo con su complejidad, por lo que esta estaría lista en febrero.

El Ejecutivo tendrá hasta 30 días para contestar la demanda.. Foto: Presidencia.

Es de suponer que el TC ya no se pronunciará sobre el actual proceso de cierre del Congreso, lo más probable es que responda qué deben hacer el Parlamento y el gobierno central si la situación vuelve a repetirse, pues el actual texto constitucional no es muy preciso.

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Al respecto, Carlos Ramos Núñez, quien es el magistrado ponente de esta causa, insistió en que el TC evaluará el fondo de la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no dejará de pronunciarse por formulismos legales.

“No se trata de buscar respuestas al cierre del Congreso, sino sobre la mejor organización del Parlamento y su relación con el Ejecutivo”, enfatizó el magistrado. Si encuentran que hubo errores o abuso de poder en la decisión del Ejecutivo, informarán al nuevo Congreso. Cualquiera que sea la respuesta ya no afecta la elección ni impedirá que tengamos un nuevo Parlamento, dicen en el TC.

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