Tarjeta roja

El Poder Judicial decidirá mañana sobre el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva de 36 meses a 16 árbitros investigados por presuntos favorecimientos a la empresa brasileña Odebrecht. Según el Ministerio Público, los laudos fraudulentos implicaron un perjuicio de por lo menos 254 millones de dólares al Estado.

El caso existe y las evidencias incriminatorias son sólidas. La empresa brasileña ha reconocido que sobornó a los árbitros peruanos en ocho obras y para probar los delitos entregó sus archivos en los sistemas Drousys y MyWebDay de la Caja 2. El sistema de corrupción de los arbitrajes era inherente a los proyectos y su función era principalmente inflar el precio final. Este sistema se había institucionalizado al extremo de que incluía pagos permanentes y el pago de “bonos de éxito” adicional.

Sea cual fuese la decisión que adopte la justicia sobre este pedido de la Fiscalía, estamos ante el envilecimiento de esta modalidad de justicia, creada precisamente para evitar la corrupción judicial y obviar la pesada carga de la administración de justicia. A 25 años de la constitucionalización del arbitraje es urgente su reforma, la que podría hacerse por la vía de un decreto de urgencia.

Algunas iniciativas presentadas son novedosas y útiles para dotar de mayor seguridad y procedimientos transparentes a esta modalidad de solución de controversias. Sin embargo, los principales estudios de abogados desataron una campaña para tirar los balones fuera de la cancha, con argumentos muy debatibles, como que los cambios disuadirán a los árbitros de aceptar los casos, o que se modifique la Ley de Contrataciones del Estado porque el problema no está en los árbitros sino en los convenios originales.

Entre los cambios propuestos se encuentra la responsabilidad solidaria de los centros de arbitraje que hasta ahora no han llevado a cabo un balance de su papel en la corrupción en la obra pública peruana y una autocrítica sobre la insistencia en la designación de árbitros “caseros” de una empresa. En la misma dirección de la responsabilidad de quienes designan, se requiere la refundación de la OSCE, cuya orfandad incluye su incapacidad de publicar todos los laudos arbitrales.

También se ha propuesto incluir el delito de prevaricato de los árbitros, como ya lo han hecho dos países de la región, tipificar la figura de nulidad por colusión, facilitar los procesos de anulación de los laudos extendiendo el plazo y la creación del registro de árbitros del Estado o la modalidad de revisión de los laudos firmes, entre otros. Debe vencerse a la resistencia al cambio.