Seis empresas del ‘Club de la Construcción’ confesarán pagos de coimas

Compañías proveedoras del Estado que obtuvieron la adjudicación de millonarias obras públicas mediante el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales han requerido a las autoridades acogerse a la figura de la colaboración eficaz para las personas jurídicas. Las empresas involucradas en el llamado ‘Club de la Construcción’ han ofrecido información sobre los proyectos en los que tuvieron que abonar pagos ilícitos, los ejecutivos que participaron en los hechos, así como la identificación de los funcionarios públicos que aceptaron coimas para direccionar la entrega de las obras a las constructoras que eran parte de la conspiración.

Los abogados de la empresa brasileña OAS, la ecuatoriana Construcción y Administración S.A. (CASA), y de las firmas peruanas Graña y Montero, Cosapi, JJ Camet Contratistas Generales y Obras de Ingeniería (Obrainsa), todas acusadas de haber desembolsados sobornos para conseguir contratos con la entidad Provías Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); han presentado solicitudes al Equipo Especial Lava Jato para acogerse a la figura legal de la colaboración eficaz.

Los requerimientos de las constructoras fueron planteados luego de que el fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, ampliara tanto los cargos penales como la formalización de la investigación preparatoria contra 16 compañías, entre ellas las 6 mencionadas.

Las hermanitas

De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación, el reconocimiento de episodios de corrupción por parte de los integrantes del ‘Club de la Construcción’ contribuirá a identificar a los servidores públicos que participaron en el esquema de corrupción, entre exministros, exviceministros, directores y gerentes de entidades públicas, e integrantes de los comités de licitación que participaron en los procesos de licitación amañados para digitar las adjudicaciones de las obras a los complotados mediante el pago de sobornos y otras prebendas.

Se estima que, como resultado de las delaciones de las constructoras que han pedido acogerse a la colaboración eficaz, el número de exfuncionarios públicos involucrados podría alcanzar la treintena, quienes cumplieron funciones particularmente en el segundo gobierno de Alan García y en el régimen de Ollanta Humala.

Las constructoras que han requerido contarlo todo a las autoridades son investigadas por la adjudicación corrupta de 16 obras públicas por un monto que supera los 4.436 millones de soles (ver recuadro)

Además de las 6 constructoras mencionadas, las otras 10 comprendidas en el caso por el fiscal Germán Juárez son:

- Constructora Málaga Hermanos.

- Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (IGGCSA).

- JOHE S.A.

- Queiroz Galvao.

- Andrade Gutiérrez.

- Superconcreto del Perú.

- Energoprojekt del Perú.

- Conalvías.

- Obrascón Huarte Laín (OHL), Constructores y Mineros Contratistas Generales.

- Mota Engil del Perú.

- San Martín Contratistas Generales.

- Grupo Plaza.

Las fuentes precisaron que muchas de las compañías del ‘Club de la Construcción’ que han pedido colaboración eficaz conformaron consorcios, por lo que estiman que la información que van a proporcionar de todas maneras implicará a las otras 10 que todavía no se han pronunciado, señalaron fuentes de La República.

La ley es la ley

Las constructoras han requerido la colaboración eficaz bajo el amparo de la ley 30737, en cuya decimotercera disposición se precisa que se procederá con los beneficios, siempre que “las personas jurídicas o entes jurídicos que decidan colaborar efectivamente en las investigaciones a cargo del Ministerio Público permitan la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y que la información alcanzada sea eficaz, corroborable y oportuna”.

Se explica que las empresas que se acojan al acuerdo de delación “deben sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene”, por lo que la información que entregue la empresa debe comprender a los sujetos implicados tanto de la constructora como del sector público, que concertaron mutuos intereses para adjudicar la obra pública a la compañía seleccionada. Hasta el momento, conforme la última disposición del fiscal Germán Juárez, son 23 las personas implicadas en el caso del Club de la Construcción (ver recuadro). Con las próximas revelaciones de las compañías en el marco de la colaboración eficaz, sin duda alguna, el número de involucrados crecerá dramáticamente.

Una de las primeras empresas en requerir como persona jurídica la colaboración eficaz fue Graña y Montero, que entregó información al Equipo Especial Lava Jato sobre la presunta participación del expresidente de la empresa José Graña Miró Quesada.

La ley 30737 contempla beneficios a las constructoras que como consecuencia de las acciones de las autoridades −detenciones, embargos, prohibición para contratar con el Estado, etc.− han ingresado en un proceso de crisis económica. En esta línea confesar los delitos de sus propios propietarios o directivos, y los pagos ilegales a los funcionarios públicos, podría resultar rentable para las compañías y salvarse de quiebra o liquidación.

La norma señala como “beneficios premiales” para las empresas que colaboran, la disminución o exención de las medidas administrativas y el levantamiento de las medidas cautelares, lo que incluiría seguir contratando con el Estado. A los integrantes del ‘Club de la Construcción’ les conviene contarlo todo. El otro camino es la desesperación.

La más cara. La carretera Quilca-Matarani fue adjudicada a OAS, Obrainsa y COSAPI mediante el pago de sobornos.

Se repartieron obras públicas que superan los S/ 100 mllns

- Las constructoras que se han acogido a la colaboración recibieron a cambio del pago de sobornos la adjudicación de 16 proyectos de construcción o rehabilitación de carreteras por 4 mil 436 millones de soles.

- La obra más cuantiosa se la llevó un consorcio compuesto por OAS, Obrainsa y Cosapi, por 553,2 millones de soles: la vía Camaná-Quilca-Matarani.

- La de menos costo fue la que se adjudicó a la ecuatoriana CASA, la ampliación de la calzada de la carretera Tingo María-Pucallpa, por 116,7 millones de soles.

- Hasta donde han informado los colaboradores eficaces, los miembros del Club de la Construcción comunicaban a sus operadores en el MTC y Provías Nacional la obra que deseaban contratar. Pagaron sobornos para que los miembros del Comité de Licitación escogieran las propuestas presentadas por los implicados en el club.

- Los funcionarios de Provías Nacional no actuaban por su cuenta sino que acataban las órdenes de sus superiores para “direccionar” la adjudicación de las obras públicas, a cambio de coimas, según los colaboradores eficaces.

Investigados

Elard Tejada Moscoso

Félix Málaga Torres

Marco Antonio Aranda Toledo

Nicolay Castillo Gutzalenko

Rafael Granados Cueto

Jaime Sánchez Bernal

José Heighes Quiñones

José Heighes Sousa

Ruperto Flores Mancera

Jesús Plaza Parra

Franco Burga Hurtado

Óscar Rosas Villanueva

Víctor de La Flor Chávez

Norma Zepilli del Mar

Rodolfo Prialé de la Peña

Luis Prevoo Neira

Guillermo Reynoso Medina

Carlos García Alcázar

José Paredes Rodríguez

José Castillo Dibos

Leonardo Augusto Guimaraes

Edgard Unzueta Zegarra

Mario Santana Valderrama

Javier Lei Siucho

Ricardo Manrique Daemisch

Goram Radovich Stevanovic

Marco Garnica Arenas

Renzo Prada Ríos

Selvi Ruberto Vargas

Jorge Freitas Farfán

Juan Carlos Paucar Guerra

Omer Albornoz FalcónInvestigados