Golpe fallido. Poder Judicial desestimó el pedido de Ángel Neyra y confirmó que la medida del Ejecutivo de la disolución del Congreso era constitucional.

Rechazan amparo contra la disolución del Congreso

Respuesta. Poder Judicial desestimó pedido del fujimorista Ángel Neyra, quien pretendía anular la disolución constitucional del Congreso que aplicó Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

Alonso Collantes
23 Oct 2019 | 2:50 h

Fracasó la demanda de amparo que pretendía revertir, desde el fujimorismo y por la vía judicial, la disolución del Congreso.

El 9 de octubre, el integrante de la Comisión Permanente por Fuerza Popular Ángel Neyra Olaechea interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial, que tenía cuatro objetivos específicos: dejar sin efecto el Decreto Supremo 165-2019 que disolvió el Parlamento; anular la convocatoria a elecciones congresales en 2020 y de la resolución que fijó una fecha de cierre del padrón electoral. Al contrario, el pedido que se restablezca que su mandato como congresista recién vence el 2021.

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Pero el 17 de octubre, el Poder Judicial negó todas estas pretensiones al declarar improcedente el recurso presentado por Neyra contra el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona.

Fue el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el magistrado David Suárez Burgos, el que emitió la decisión. De acuerdo con sus fundamentos, la disolución del Legislativo es “una prerrogativa constitucional” y “no puede alegarse su nulidad bajo el sustento de la existencia de un defecto en su formación”.

Con ello, el juzgado ha ratificado la legitimidad de la medida tomada por Vizcarra tras el rechazo de dos cuestiones de confianza en un mismo periodo presidencial.

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De igual manera, el juez desestima otro de los argumentos que esbozó el todavía congresista en su escrito al afirmar que “Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y al derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica y social (...)”.

Es decir que, según el juez, la decisión del Ejecutivo de disolver el Congreso no ha afectado en modo alguno la función en la Comisión Permanente que desempeña el fujimorista Ángel Neyra.

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En manos del TC

Otro punto clave al que hace referencia la resolución del Poder Judicial es que es el Tribunal Constitucional (TC) quien debe pronunciarse sobre la disolución del Congreso.

Como se recuerda, hay una demanda de acción competencial que presentó el parlamentario Pedro Olaechea ante el TC.

“Será el máxime intérprete de la constitucionalidad de las normas en dicho proceso, el órgano que resuelva si el acto contenido en el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM es válido o no”, señala el oficio firmado por el juez Suárez Burgos.

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Por su parte, el Pleno de siete magistrados que componen el órgano constitucional ha fijado para este 29 de octubre la decisión acerca de si se admite o no la demanda de Olaechea, presidente actual de la Comisión Permanente.

Historial

● Marisol Espinoza. La excongresista de Alianza para el Progreso (APP) solicitó también a inicios de octubre una acción de amparo contra la disolución del Congreso. Aún no existe un pronunciamiento del Poder Judicial sobre ello.

● Denuncia. Ángel Neyra, por otra parte, presentó el lunes una acusación ante la Fiscalía de la Nación contra Martín Vizcarra y otros exministros y exparlamentarios por el presunto delito de motín.

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El presidente Martín Vizcarra consideró que si Fuerza Popular (FP) compite en las elecciones congresales del 2020 está reconociendo la legalidad y pertinencia de la disolución del Congreso.

“Creo que si la cuestionaría legalmente (la disolución congresal) no participaría. Si está participando es que está reconociendo la validez de las decisiones que tomamos el 30 de setiembre”, declaró.

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Sobre la denuncia penal del excongresista fujimorista Ángel Neyra ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la disolución del Legislativo, dijo respetar el derecho de cualquier ciudadano de hacer uso de las herramientas legales para defenderse.

Respecto a las explicaciones solicitadas al Tribunal Constitucional por Pedro Olaechea, por no juramentar a Gonzalo Ortiz de Zevallos, se limitó a decir que será esta institución la que le explique lo que requiere.

Acerca de la crisis en Chile y Bolivia dijo que no cabe que se pronuncie sobre temas propios a estas naciones. “Tenemos que fijarnos en nuestros problemas. Luchar contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad y escuchar a la colectividad”, indicó.