Sobre derechos

El pequeño grupo de defensores del Parlamento disuelto echa mano de una supuesta violación de los derechos de los exlegisladores, que se habría cometido al cesar constitucionalmente el Congreso y convocar a elecciones el 26 de enero. Entre estos “derechos” se señala el de concluir el mandato para el que fueron elegidos, o de impedir que ejerzan la representación.

Estos derechos, obviamente, no existen; los que sí constan en la Constitución son las prerrogativas parlamentarias que operan como garantías para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas la no sujeción al mandato imperativo y la inmunidad, por ejemplo.

Resulta, sin embargo, que en los tres años del Congreso disuelto, esas prerrogativas han sido utilizadas, precisamente, para violar los derechos de otros, o incumplir principios que se encuentran en la base del Estado de derecho. Uno de los más clamorosos es el comportamiento delictivo del excongresista Moisés Mamani, quien realizó tocamientos indebidos a una aeromoza, violando abiertamente sus derechos y libertades. El Parlamento consintió este delito, obstruyó la acción de la justicia y le aplicó solo unos meses de suspensión.

El mismo Congreso protegió al ex vocal supremo César Hinostroza, quien, como se recuerda, prevaricó e incurrió en tráfico de influencias en el caso de la niña violada a cuyo agresor favoreció la sala que presidió, revictimizando a la agredida y violando sus derechos y libertades, dejándola en la indefensión. En esa operación de encubrimiento, donde lo más importante era la impunidad del operador judicial de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus aliados jamás pensaron en los derechos de la joven víctima. Y ya no recordemos los derechos de la educación de miles de estudiantes a quienes el fujiaprismo amenazó desde el 2016, a pedido de los dueños de las universidades precarias y estafadoras, contra la Ley Universitaria vigente; o su lucha contra los octógonos que resulta siendo un ataque al derecho de las personas a una alimentación saludable.

Disuelto constitucionalmente el Congreso, y superada la etapa dolorosa de un Legislativo violador de derechos y libertades, el país se encamina hacia las elecciones parlamentarias que renovarán la representación, un acto que al mismo tiempo implica la reiteración de la libertad de elegir y ser elegidos y los derechos inherentes al sufragio. Como lo señaló en su momento el pronunciamiento de la OEA, es correcto que este período de obstrucción y de entrampamiento político tenga como desenlace el pronunciamiento del pueblo en las urnas.