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Corren riesgo las investigaciones de ‘Los Cuellos Blancos’

Debate. Chávarry, Gálvez y Rodríguez pretenden que se declare ilegal todo lo actuado en el proceso contra red criminal. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y Pablo Sánchez resisten embate y reiteran lucha anticorrupción.

César Romero
20 Oct 2019 | 2:57 h

Los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez buscan la nulidad de todas las investigaciones que realiza, por delegación de la fiscal de la Nación, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Lo que sucedió el lunes 14 de octubre en la Junta de Fiscales Supremos fue la culminación de una serie de eventos con ese objetivo: anular 20 investigaciones en trámite en el despacho del fiscal Sánchez e incluso la acusación contra el prófugo César Hinostroza Pariachi.

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Todo comenzó el 11 de julio del 2019. Ese día, el fiscal Gálvez Villegas presentó un recurso de nulidad de la resolución de la Fiscalía de la Nación del 18 de enero, que había delegado parte de la investigación a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Gálvez pretende que son ilegales todos los actos realizados por Pablo Sánchez, desde que en septiembre del 2018 el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, le delegó 20 investigaciones del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

Argumentó que no existe una norma legal que precise que el fiscal de la Nación puede delegar las facultades de investigación a un fiscal supremo.

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Pedido por Hinostroza

La fiscal de la Nación denegó ese pedido. En principio, en su resolución, señaló que habían pasado siete meses de la indicada resolución, por lo que había excedido el plazo para cuestionar su validez. Además de que Gálvez había participado en diferentes actos de investigación realizados por Sánchez sin haberlos cuestionado, ni evidenciarse una vulneración a sus derechos.

Ávalos también precisó que Sánchez solo tiene facultades para desarrollar la investigación y, a su conclusión, le remitirá todo lo actuado al despacho de la fiscal de la Nación para que tome la decisión que corresponda: archivar o presentar una denuncia constitucional al Congreso.

La fiscal de la Nación recordó que la Ley Orgánica del Ministerio Público es anterior a la Constitución de 1993, por lo que se han tenido que interpretar diversos artículos, como qué hacer cuando se presente una denuncia contra el fiscal supremo que ocupe el cargo de titular del Ministerio Público.

La norma dice que se debe remitir la denuncia al “turno siguiente”, lo que en la Constitución del 93 ya no existe, por lo que se aplicó la frase “el fiscal que se le sigue en orden de antigüedad”, es así como Chávarry delegó la investigación a Pablo Sánchez.

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Anotó que el Congreso de la República ya admitió como válido ese razonamiento, incluso más allá de lo que ahora se ha dispuesto, cuando aceptó la denuncia constitucional que Sánchez presentó contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Si hoy la Junta de Fiscales Supremos concluye que no hay delegación de facultades, no solo las 20 investigaciones que siguen en trámite en el despacho de Sánchez serían nulas, también la acusación contra Hinostroza y, a partir de allí, el pedido de extradición.

La Junta

Tomás Gálvez no se quedó conforme. El 13 de setiembre presentó una demanda de hábeas corpus ante el Poder Judicial contra la fiscal de la Nación y el fiscal Pablo Sánchez, por la investigación en su contra.

El 14 de octubre volvió a la carga, esta vez en la Junta de Fiscales Supremos, con el apoyo de Chávarry y Rodríguez Monteza. La discusión de este tema no estaba en la agenda de la Junta, aunque ya se había discutido en una sesión anterior, el 26 de setiembre, ante un planteamiento de Rodríguez.

En esta Junta, Gálvez presentó un escrito para que se programe el tema y tomar un acuerdo. Pero cuando la secretaria de la Junta, Zabela Casanova, informó de su escrito, Gálvez dio inició al debate, sin esperar una respuesta de la fiscal de la Nación.

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Gálvez señaló que las facultades de la fiscal de la Nación para investigar a un funcionario con derecho de antejuicio político eran exclusiva y excluyente, por lo que la delegación hecha a favor de Sánchez era ilegal.

Pablo Sánchez respondió que esto no era de ahora, que ya en otras ocasiones y casos el fiscal de la Nación delega sus facultades de investigación y se reservaba el tomar la decisión que correspondiera.

Rodríguez Monteza insistió que la facultad de investigar a aforadas era del Congreso y solo por excepción del fiscal de la Nación. Chávarry apoyó las posiciones de Gálvez y Rodríguez, sin mencionar que él fue el primero que delegó los casos en Sánchez.

Entonces, Ávalos recordó que todo este tema era el mismo recurso de nulidad que había presentado Gálvez y que ya había sido rechazado.

En sus intervenciones, Gálvez y Chávarry evidencian que lo que les preocupa es que Sánchez los esté investigando por organización criminal y no les gusta las diligencias que está realizando.

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Entonces, para suavizar la situación, Rodríguez Monteza dice que se tratan de normas, un tema general, y no de ver un caso específico. “Creo que todo esto va dirigido a que se le quite el caso al doctor Pablo Sánchez y eso va a traer cuestionamientos, todo se trastoca”, respondió Ávalos.

“Si eso es, el doctor Pablo no tiene competencia, los intereses que priman son que me quieren meter preso a mí, ese es el interés que debe primar, es una investigación contra los colegas, buscan encarcelar, perjudicar a los colegas”, respondido Gálvez, ya perdiendo el control, en un ambiente muy tenso.

La Junta se terminó sin tomar un acuerdo, ha señalado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pero el debate interno va a continuar. Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen mayoría en una Junta de cinco miembros. Van a insistir para que su opinión se convierta en un acuerdo, una norma que pondrá en el despeñadero la investigación a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La suspensión de Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, ha pedido a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, que solicite al Poder Judicial la suspensión en el cargo del fiscal supremo titular Pedro Gonzalo Chávarry.

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La solicitud está en evaluación y la decisión no depende del fiscal supremo adjunto Alcides Mario Chinchay Castillo, como se ha comentado en las redes sociales. La única que puede y debe decidir será Revilla Corrales. Luego Chinchay, como fiscal adjunto a su despacho, ejecutará lo que ella diga.

Pero el pedido tiene otras implicancias, aseguran en la Fiscalía Suprema. La suspensión en el ejercicio del cargo está prevista en el nuevo Código Procesal Penal que en Lima solo está vigente parcialmente. Para la mayoría de delitos, rige el código antiguo.

Pedro Gonzalo Chávarry está siendo procesado por el juez instructor Hugo Núñez Julca con el antiguo Código Procesal por el delito de encubrimiento real al decidir apartar, el 31 de diciembre, a Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato. Es el único caso que aprobó el Congreso y por ese hecho, presuntamente ilícito, no se podría pedir su suspensión en el cargo.

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Documento

Los fiscales investigados trataron de usar como argumento supuestas incoherencias en las funciones de los fiscales.