TC no admitió incorporación del primo de Olaechea

Crónica: Enrique Patriau y Diego Quispe

Los tres recursos que Gonzalo Ortiz de Zevallos presentó presionando para ser aceptado como magistrado de pleno derecho en el Tribunal Constitucional (TC) no le sirvieron de nada.

Por cinco votos contra dos, el pleno del TC no autorizó a su presidente, Ernesto Blume Fortini, a tomarle juramento a Ortiz de Zevallos, en tanto no concluya el proceso parlamentario correspondiente.

Es decir, el tribunal –por mayoría de votos– consideró que la elección que se llevó a cabo en el Congreso el 30 de setiembre, y que derivó en la disolución constitucional del Parlamento, no ha concluido todavía. Hay que recordar que, luego de esa sesión accidentada, se presentaron hasta dos reconsideraciones.

Esto significa que el próximo Congreso tendrá la tarea de elegir a los nuevos seis magistrados que deberán reemplazar a quienes tienen su mandato vencido.

Votaron a favor de que Ortiz de Zevallos no tome juramento el ya mencionado Blume Fortini, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

En contra, se expresaron Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón de Taboada.

Sorprendió la decisión final asumida por Blume. En los cálculos iniciales, se comentaba que apoyaría la posición de Ortiz de Zevallos.

El TC también dejó constancia de que le corresponde a su pleno decidir quién será el magistrado a reemplazar.

Esto porque Pedro Olaechea, en el oficio que envió al tribunal exigiendo el ingreso de Ortiz de Zevallos, indicó que debía ocupar la plaza de quien tuviera la colegiatura menos antigua, en este caso Espinosa-Saldaña. Una dura derrota para Olaechea. No fue la única, por cierto.

Antes de tomar la decisión sobre el caso de Ortiz de Zevallos, todos los magistrados tomaron la palabra para exponer sus posiciones.

Ledesma, Miranda, Espinosa-Saldaña y Ramos explicaron sus motivos. Insistieron en que la elección no había concluido y que la resolución legislativa ni siquiera había sido publicada.

Del lado contrario, Ferrero y Sardón leyeron sus respectivas opiniones. Este último alegó que el proceso de elección sí culminó y que, incluso, el diario oficial El Peruano recibió la resolución legislativa respectiva, pero que se negó a publicarla en las Normas Legales.

La intención de Olaechea era que Ortiz de Zevallos, su primo hermano, reemplazara de inmediato al magistrado Espinosa-Saldaña, quien no cuenta con el favor ni del fujimorismo ni del partido aprista.

En este punto, debe recordarse que el TC tiene, entre otras tareas pendientes, que resolver el hábeas corpus sobre la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que cumple prisión preventiva.

La llegada de Ortiz de Zevallos hubiese cambiado la correlación de fuerzas que actualmente existe en el tribunal.

Llamado de atención

Una vez decidido lo de Ortiz de Zevallos, el siguiente punto de la agenda era revisar la demanda competencial y la medida cautelar presentadas por Olaechea, para tratar de revertir la disolución constitucional del Congreso, decretada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Como se recuerda, luego de que el Ejecutivo considerara que se le había negado por segunda vez una cuestión de confianza, decidió ampararse en su prerrogativa de cerrar el Legislativo y convocar a elecciones para el 26 de enero, a fin de que los peruanos elijan a una nueva representación nacional, que complete el periodo 2016-2021.

En ese contexto, Olaechea llevó la demanda competencial y una medida cautelar al TC, acaso como último recurso para intentar volver al estado anterior.

Pero antes de entrar al tema de fondo, se armó una discusión entre los magistrados por lo ocurrido el miércoles. Ese día, por la tarde, un proyecto que admitía a trámite la demanda competencial del titular de la Comisión Permanente fue enviado por correo electrónico a los magistrados.

Blume reconoció, en una entrevista concedida a Canal N, que fue con su autorización, aunque negó que el documento fuese de su autoría y aseguró, además, que ni lo había leído.

Frente a los cuestionamientos de algunos de sus colegas, Blume ofreció una explicación, aunque, de acuerdo con la versión de uno de los presentes ayer en la sesión del TC, esta resultó ser “bastante floja”.

Se le pidió a Blume que algo así no se repita mientras ocupe la presidencia de la institución.

Después de ese episodio, el pleno del TC pasó a elegir al ponente de la causa. El encargo recayó en el magistrado Ramos.

“Respecto de la designación del ponente del proceso competencial promovido por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo, a raíz de la disolución del Congreso, con los votos a favor de los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, y los votos en contra de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, el pleno del TC acordó designar al magistrado Ramos Núñez como ponente de la causa”, leyó Blume en el comunicado que ofreció a los periodistas, una vez concluida la sesión.

Esta es otra derrota para Olaechea, en realidad. La intención del sector que más lo apoya en el TC era nombrar como ponente a Ferrero. Este último fue propuesto por Sardón. Espinosa-Saldaña, en cambio, promovió la figura de Ramos.

Ahora bien, el martes 29 de este mes, el pleno del TC se reunirá de nuevo para emitir el auto de calificación sobre la admisión o no de la demanda competencial.

Si no se admitiera, la vía del tribunal habrá concluido de manera definitiva para Olaechea.

Si, en cambio, se aceptara su trámite, se le correrá traslado al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días hábiles, ofrezca su posición de manera oficial.

Fuentes del TC comentaron a este diario que, yendo rápido, el fallo recién podría conocerse en unos tres meses. Es decir, en vísperas de las elecciones legislativas de enero, o incluso con posterioridad a estas. En otras palabras, es casi imposible que la demanda competencial pueda servirle a Olaechea y a quienes lo respaldan para que el Congreso disuelto por Vizcarra vuelva a funcionar.

Los recursos pendientes en el Pleno

La decisión del Tribunal Constitucional se ampara en que el Pleno del nuevo Congreso resuelva, ante todo, los pedidos de reconsideración de la votación y de nulidad formulados el 30 de setiembre por las exparlamentarias Patricia Donayre y María Elena Foronda. Ambos recursos solo pueden ser tratados por el Pleno.

Y como actualmente el Parlamento está disuelto, el primo hermano de Pedro Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos, tendrá que esperar a que los nuevos 130 parlamentarios, que serán electos el 26 de enero del próximo año, se pronuncien sobre estos temas pendientes. Cabe precisar que el próximo Legislativo podría decidir también, mediante los votos, que Ortiz de Zevallos no sea elegido nuevo magistrado.

Declaraciones

César Landa - Expresidente del TC: “(Con el rechazo a Ortiz de Zevallos) implícitamente hay un rechazo, diría yo, a un pedido de competencia que pretenda anular la disolución del Congreso”.

Óscar Urviola - Expresidente del TC: “La solicitud de incorporación es un tema cerrado. No quiere decir que su nombramiento, que quedó pendiente, sea nulo. Tendrá que pronunciarse el nuevo Congreso”.

Gino Costa – Excongresista: “Saludo la decisión del TC de rechazar la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Su elección no había concluido, pues dos reconsideraciones quedaron pendientes”.

José Luis Sardón - Miembro del TC: “Las competencias de los órganos constitucionales –ayer el Congreso; mañana el TC– no pueden estar supeditadas a la discrecionalidad de un burócrata de cuarto nivel”.