Audiencia. El capitán José Raúl Pérez del Campo en la audiencia pública escucha cuando el juez le impone 18 meses de prisión preventiva por cohecho, peculado y secuestro.

Capitán PNP borraba datos y vendía celulares incautados

Escándalo. El capitán PNP José Pérez del Campo cobraba por borrar los datos comprometedores de los celulares de los detenidos. Luego vendía los equipos o sus piezas. Para ocultar sus delitos, secuestró a un técnico de celulares para rearmar los equipos, recuperarlos o reemplazarlos.

César Romero
13 Oct 2019 | 6:07 h

La sentencia anticipada es un procedimiento que busca descongestionar el sistema de justicia, cuando un detenido admite el delito y negocia una pena reducida. Se ahorran tiempo y recursos para otros casos.

Ahora, también es un medio para descubrir nuevos delitos. Esto es lo que sucedió entre agosto y setiembre últimos en Chiclayo. Una sentencia anticipada permitió descubrir un grave caso de corrupción y negligencia policial y fiscal.

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Un oficial de la prestigiosa División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional vendía información a los detenidos y negociaba en el mercado negro los celulares y laptops incautadas.

Hasta el momento ha sido detenido el capitán PNP José Raúl Pérez del Campo y los suboficial Thalía Saavedra Rodríguez y Eduin Hernández Huamán. Aún no se descarta que haya otros implicados.

Historia temeraria

Las consecuencias de este caso son aún imprevisibles. Sus consecuencias pueden ser fatales para el país: peligrosos criminales y reconocidos corruptos podrían quedar en libertad.

Esta historia comenzó el 12 de julio último. Ese día, la Fiscalía ejecutó la operación “Los Temerarios del Crimen 3: la tercer ola del crimen”. Fueron detenidas 25 personas vinculadas al detenido exalcalde David Cornejo Chinguel.

Lo habitual es que los detenidos reciban 36 meses de prisión preventiva e ingresen a prisión mientras sigue la investigación. Pero en esta ocasión, de los 25 detenidos, 23 decidieron confesar sus delitos y negociaron penas suspendidas, lo que les permitió salir en libertad a fines de julio.

Es entonces cuando estalló la bomba. Los detenidos reclamaron la devolución de sus celulares. Algo que no había pasado antes. Después de tres años o más tiempo en prisión nadie reclama su, para entonces, obsoleto celular.

Pero esta vez fue distinto.

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La devolución demoró. Ante el reclamo, los detenidos empezaron a recibir equipos reparados, de otras marcas o nuevos. Lo extraño es que en Chiclayo esto no llamó la atención de nadie.

Una persona se acercó a la Fiscalía a denunciar, pero no le hicieron caso. Esa misma persona u otra decidió venir a Lima y tocó la puerta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El colaborador 04-2019

La historia que contó era difícil de creer, pero debía investigarse. La doctora Ávalos encargó al fiscal Elmer Chirre que averigüe lo que estaba pasando.

El aspirante a colaborador eficaz N° 04-2019 relató que a dos de los detenidos, los empresarios Jimmy Imaña Tamay y Yuri Hamiltong Campos Silva, el capitán José Raúl Pérez del Campo les había pedido S/ 30 mil para borrar información comprometedora encontrada en su celular.

A Imaña le ofrecieron borrar una serie de videos y fotos encontrados en su celular Samsung J7, donde reclamaba la devolución de un dinero que pagó a un funcionario público por una obra que no se concretó.

A Campos también le ofrecieron no informar a la Fiscalía de fotos y mensajes comprometedores encontrados en su celular Huawei P30, que se le incautó el 12 de setiembre.

El fiscal Elmer Chirre viajó de incógnito hasta el norte del país, con apoyo de dos equipos de la Policía. Uno de detectives de la propia Diviac y otro de agentes de inteligencia PNP para evitar filtraciones.

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Lo que encontraron es bochornoso y terrible. Las tareas de videovigilancia, seguimiento e interceptaciones de las comunicaciones corroboraron la declaración del colaborador.

Además, se descubrió la venta de celulares incautados y un secuestro que buscó encubrir lo que sucedió después de las sentencias anticipadas.

El capitán Pérez habría desplegado estas actividades ilícitas desde el 2017, en el marco de 16 operativos contra el crimen organizado y la corrupción. Esto es lo que se va descubriendo hasta hoy.

Entre los casos comprometidos están: “Los Charlys de Fany Abanto”, “Los Marcas de Chocano”, “Los Sanguinarios del Norte”, “Los Temerarios 1, 2 y 3”, “Los Falsos de la Detracción”, “caso Jaén”, “caso Bagua”, “Los Malditos del Cono Sur”, “caso Cachina-galería Rosada”, “El Gran Chaparral” y “caso de Pérez Hernán”.

Confianza absoluta

En estos años, Pérez se había ganado la confianza de todos los fiscales del norte como especialista forense en informática para la extracción, recuperación y análisis de la información en dispositivos digitales.

Todos los fiscales y policías confiaban en él y le entregaban, en cadena de custodia, los equipos celulares y laptops incautadas, sin aparentemente volver a preocuparse por los equipos.

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Él era el único policía experto en la zona en descargar contenido de los celulares. Eso le permitía extorsionar a los detenidos y borrar el contenido de los celulares a los que pagaron.

Según los testigos, en febrero del 2018 el capitán reclutó al civil Jesús Quiroz Quezada, "El Chato", un técnico de celulares, para que lo ayude en su trabajo. Con él empezaría la venta de los celulares incautados.

De la venta de celulares, el 40% era para “El Chato” y 60% era para el capitán. Los equipos se vendieron, entre otros, a Edilberto Valencia Montalvo (a) “Peliguey” y Enoc Romero Ríos (a) “Charapo”, en Chiclayo, Chepén, Olmos.

Para fines de julio, apenas dos semanas después del operativo contra 'Los Temerarios', los equipos incautados ya habían sido vendidos o desmantelados.

Así, cuando los liberados empiezan a reclamar se inicia el descontrol. En dicho operativo se habían incautado más de 60 celulares, que había que recoger y devolver en horas.

Entonces, el capitán Pérez detuvo ilegalmente a “El Chato” durante tres días. En un mensaje que envió a sus familiares les dice que solo lo retiene para solucionar el problema.

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Con "El Chato" esposado, el capitán y sus colaboradores recorren las tiendas de los reducidores para recuperar los equipos. Todos son amenazados de muerte si no colaboran.

Antes, cuando algún fiscal pedía las cadenas de custodia, le entregaban equipos viejos, carcasas o maquetas, de las que se exhiben en las tiendas de ventas de celulares.

Ahora, eso no era posible. Empezaron a entregar celulares reparados o equipos nuevos, como consta en las actas de devolución. A Campos Silva le incautaron un Huawei P30 y recibió un iPhone.

Al ser detenido, en la casa del capitán se han encontrado cientos de celulares y partes y las bolsas de las cadenas de custodia rotas, que están permitiendo definir el alcance de este escándalo en el seno mismo de la lucha anticorrupción.

El engaño ha terminado. Es tiempo de rectificar y corregir.

José Raúl Pérez y sus colaboradores con prisión preventiva

El miércoles 10 de octubre, el juez del 10° Juzgado de Investigación preparatoria de Chiclayo dispuso 18 meses de prisión preventiva al capitán José Raúl Pérez, su esposa, la suboficial Thalía Saavedra Rodríguez, y al suboficial Eduin Hernández Huamán por delitos de cohecho, peculado y secuestro.

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La Fiscalía ha recuperado los mensajes intercambiados entre el capitán Pérez y “El Chato” cuando buscaban recuperar los celulares. Aquí algunos de los mensajes:

"Chato, se nos acaba el tiempo, necesitamos botar todo. ¿Vendiste esas pantallas, vendiste esos equipos? ¿Las pantallas y los equipos que te llevaste de aquí los vendiste?". A lo que le responde: "No, aún no. ¿Por qué?". El capitán réplica: "Hay que devolver falsos, solo han quedado tres".

"El J7 de Imaña no tiene ningún problema, ese 'on no ha reclamado nada... esos huevones no van a reclamar porque se supone que han pagado su billete y no quieren saber ni m..., el J7 ya, el del billete, ese no".

"Chato, problemas con el S8, hay problemas con el S8 de la bocona, hay que calmarla a la del S8, ha hecho chongo, se ha quejado".

“¿Cómo vas, como es con los iPhone? Te comento que la señora del S8 se ha quejado en la Fiscalía. Estoy por llevar los equipos, pero hay problema del A50 blanco, lo del caso Sanguinarios”.