David Lovatón: “Si el TC se pronuncia sobre la moción de confianza no afectará el cierre del Congreso”

Por: María Elena Castillo

El abogado constitucionalista David Lovatón refiere que la controversia constitucional sobre la disolución del Legislativo puede ser resuelta por el Tribunal Constitucional (TC) o por el nuevo Parlamento, que aclare el capítulo de la Carta Magna sobre la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.

El presidente Vizcarra señala que Olaechea ha usurpado funciones al haber firmado la demanda competencial que presentó al TC como titular del Congreso. ¿Es así?

Hay un tema previo. En la actual coyuntura ya no podemos hablar de una crisis, pero sí de una controversia constitucional en el sentido de si se usó bien o no la cuestión de confianza. La responsabilidad penal de la usurpación de funciones, que es un delito, va a requerir previamente de un pronunciamiento constitucional, es decir que el TC diga que es improcedente la demanda, o la acepta, pero luego la declara infundada. Aunque cabe una tercera posibilidad: que diga que no se hizo bien esta vez, pero como estos son hechos consumados no se puede cambiar porque ya las elecciones están convocadas para el 26 de enero, pero para el futuro se deben tomar en cuento tal y cual criterios.

¿Aunque hayan pasado menos de dos semanas?

Es que, según el Código Procesal, el TC tiene 60 días hábiles para pronunciarse. Estamos hablando de la primera o segunda semana de enero.

¿Pero antes no tienen que resolver la medida cautelar?

Ese es otro tema. Yo creo que no debería ser otorgada porque un aspecto fundamental para una medida cautelar es, entre otros requisitos, que haya la apariencia del derecho, y aquí hay una controversia, en la que no está claro quién tiene la razón. Algunos opinamos que la tiene el Ejecutivo, otros dicen que no. Además, si no le conceden la medida cautelar, quedan convalidados todos los actos que se den hasta que el TC resuelva, que será en enero o después. Las demandas de competencia y de inconstitucionalidad no son retroactivas, y entra en vigencia desde que es publicada. La medida cautelar es de doble filo porque están reconociendo que todo lo que se está produciendo es válido.

¿Y si no la rechazan?

Tendría un elemento político muy desestabilizador. No se puede negar que hay una controversia constitucional, pero a nivel social, político y económico, hay estabilidad. No vivimos una situación lamentable como la que viven nuestros hermanos ecuatorianos. La bolsa no se ha disparado, el dólar ha vuelto a bajar. Y aquí incorporo el principio de Pacificación Constitucional que debería tomar en cuenta el TC en este caso. Hay varias sentencias que señalan que un propósito del supremo intérprete de la Constitución es contribuir a la paz social y no a generar más conflictos.

¿Qué le parecen los argumentos de la demanda competencial presentada ante el TC?

Bueno, tienen dos grandes argumentos. Dicen que el presidente de la República no puede presentar moción de confianza para una reforma constitucional; y segundo, que no puede considerar rechazada la confianza de forma tácita o fáctica, como se habló. Pero lo que motivó el cierre del Congreso fue solo lo segundo. La reforma constitucional que planteó el presidente Vizcarra el 28 de julio es un debate ya pasado y nunca presentó una cuestión de confianza por ese tema, fue por las reglas de la elección del TC. Entonces, cabría la posibilidad de que el TC se pronuncie sobre las mociones de confianza respecto a reformas constitucionales, pero esa decisión no va a afectar el cierre del Congreso.

Son dos cosas distintas...

Sí, pero las están mezclando porque tenían autorización del pleno del Congreso para presentar la demanda competencial sobre la cuestión de confianza en reformas constitucionales, pero para lo que motivó la disolución del Parlamento solo tienen la aprobación de la Comisión Permanente.

¿Con ello reconocen que la Permanente no es competente para presentar la demanda?

Exactamente. Es más, el argumento de la demanda competencial es “menoscabo de atribuciones del Congreso”, pero el supuesto de ello parte de la idea de que el poder que interfirió en los fueros del otro ejerció bien sus funciones, aunque por el contexto, etc., interfirió en el campo del otro; pero no es que se excedió. Con ello, estarían reconociendo que estuvo bien el ejercicio de la cuestión de confianza. Hay una mezcla de argumentos para tratar de salvar que ya no es presidente del Congreso y que el acuerdo del Pleno fue para otro tema. Y eso no los ayuda.

En el actual escenario ¿qué es lo mejor para el país?

Que o se aclare en el TC, que necesita cuatro de siete votos, vía jurisprudencial, o el nuevo Congreso lo aclare vía reforma constitucional. El capítulo de la Constitución de 1993 sobre la relación entre Ejecutivo y Parlamento tiene muchos vacíos. Por ejemplo, el artículo 134 sobre la disolución del Congreso, criticado por el sector fujimorista que afirma que (Vizcarra) es golpista, fue la solución para que no volviera a haber un 5 de abril; y eso lo dijeron los congresistas fujimoristas del Congreso Constituyente Democrático. Está en los diarios de debate. Se ha demostrado que sigue siendo un megapoder. El nuevo Congreso podría reformarlo en la línea que planteó Vizcarra el 28 de julio: si hay un impase entre Ejecutivo y Legislativo, se convoca a elecciones generales.

En esa línea ¿qué debería modificar el nuevo Congreso?

Va a tener una agenda acotada si quiere hacer algo. Primero, debería heredar al país una elección transparente de los magistrados del TC; activar el control político parlamentario de los artículos 99 y 100 de la Constitución sobre algunas altas autoridades del sistema de justicia que están pasando bien en este contexto, comenzando por Pedro Chávarry; terminar de definir bien temas de reforma constitucional, política y judicial, que quedaron pendientes; y volver a revisar el capítulo de relación entre Ejecutivo y Legislativo, para que sea una herramienta menos traumática.