Tarea pendiente

Al disolver constitucionalmente el Congreso, Martín Vizcarra se desembarazó del principal lastre de su gestión. Librarse de una oposición obstruccionista, asociada a los peores intereses mafiosos, que interpelaba a los ministros por puro capricho y defendía lobbys oscuros parecería ser un alivio para el Ejecutivo.

Pero también puede ser un problema, porque esa misma ciudadanía que ha apoyado la actuación de Vizcarra le exigirá resultados inmediatos ahora que tiene la cancha libre y no podrá usar al Parlamento como pretexto para sus desaciertos y omisiones. Para evitarlo, el gobierno debería acometer algunas tareas básicas:

1. Uno de los papeles más decisivos lo tendrá la ministra María Antonieta Alva, quien deberá plantear una agenda clara de reactivación económica y mejora de la competitividad. Será fundamental el trabajo coordinado con las regiones, muchas de las cuales mantienen una bajísima capacidad de gasto, así como el destrabe de proyectos de inversión y la ejecución de las numerosas obras públicas aprobadas. Como recuerda Gianfranco Castagnola, los planes nacionales de Competitividad e Infraestructura del ministro Carlos Oliva pueden ser perfeccionados, pero constituyen un punto de partida.

2. Lanzar una ofensiva en sectores que afectan directamente al ciudadano, como la seguridad ciudadana y la salud.

3. Insistir en la reforma política siguiendo los lineamientos de la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta, en aquellos aspectos que no implican una modificación constitucional: replantear el tamaño de las circunscripciones, retrasar la elección parlamentaria al día de la segunda vuelta, profundizar la democracia interna de los partidos, reducir la prohibición de difundir encuestas a las 24 horas previas a la elección y eliminar la llamada “ley seca”.

4. Apoyar sin ambigüedades la lucha contra la corrupción, respetando la independencia del Equipo Especial y garantizándole los recursos necesarios para seguir avanzando en el despiece de la mafia que se benefició de las corruptelas del caso Lava Jato.

5. Mantener escrupulosamente las formalidades democráticas y garantizar el desarrollo transparente de las elecciones parlamentarias de enero de 2020, manteniéndose al margen de las mismas.

6. Regular la cuestión de confianza, para fijar sus alcances, los supuestos sobre los que se puede aplicar y las formalidades que la rodean.