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Política

Piden 36 meses de cárcel para Serrato, alcalde de Olmos y 8 personas

Encrucijada. Fiscalía sostiene que pese a estar suspendido como burgomaestre, Willy Serrato habría coordinado direccionar obras con regidor Adrián Arroyo y funcionarios a cambio de coimas.

Caso. Solicitud de 36 meses de prisión para Willy Serrato fue ingresada ante el Décimo Juzgado Anticorrupción de Lambayeque.
Caso. Solicitud de 36 meses de prisión para Willy Serrato fue ingresada ante el Décimo Juzgado Anticorrupción de Lambayeque.

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formalizó investigación preparatoria contra el exalcalde Willy Serrato Puse, el actual alcalde de Olmos y regidor, Adrián Arroyo Soplopuco, cuatro funcionarios y cuatro personas más por el presunto delito de organización criminal y solicitó 36 meses de prisión preventiva.

Así operaron...

El pedido comprende que la medida coercitiva se aplique a José Farfán Maza, gerente general; Jaime Cotrina Saavedra, subgerente de Desarrollo Urbano; José Távara Albán, subgerente de Logística y Darwin Soplopuco Sánchez, asistente de obras. La medida alcanza a los proveedores Jimy Uceda Ruelas, Alexandra Arriaga Benavides, Junior López Ramón, Fabricio Calderón Ubillús y Karina Torres Tafur.

La fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe acusó a Willy Serrato de gestar y liderar una organización criminal dentro de la municipalidad de Olmos desde inicios de este año, en complicidad con funcionarios, para concretar y direccionar las adquisiciones de obras, bienes y servicios.

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Para esto utilizaban proformas irregulares y falsas para seleccionar a proveedores del entorno de Willy Serrato, quienes para no ser identificados utilizaban a terceras personas.

Según la Fiscalía, este modus operandi de corrupción se originó con Willy Serrato y continuó con la gestión de Adrián Arroyo Soplopuco. Sobre esto, la investigación aclara que Serrato pese a estar suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por malversación de fondos, continuó coordinando con sus funcionarios y el nuevo alcalde Adrián Arroyo el direccionamiento de procesos de licitación, que en su mayoría fueron por contratación directa.

Estos hechos y el pedido de prisión preventiva se sustentan en las declaraciones de tres colaboradores eficaces, testigos protegidos, requerimientos de compra, comprobantes de pagos girados a proveedores y diálogos de WhatsApp.

Tanto colaboradores como testigos coinciden en que Serrato y Arroyo habrían dispuesto los recursos económicos del municipio para requerir bienes y servicios a favor de proveedores seleccionados, previo pago de coimas.

Ellos son investigados también por colusión, cohecho pasivo propio y falsedad ideológica.

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