Juez Cohen tiene proceso por asociación ilícita

Alberto Cohen Vela, el juez supernumerario de Bagua, en Amazonas, que dictó una medida cautelar a favor de la universidad Telesup, afronta desde el 2017 una investigación por asociación ilícita con orden de comparecencia restringida, en el sistema anticorrupción con sede en Lima.

De acuerdo con fuentes de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, Cohen Vela no habría informado de este proceso antes de asumir el cargo. “Antes de asumir el cargo, los aspirantes a jueces presentan una declaración jurada de no tener antecedentes o procesos, allí no aparece que tenga un antecedente penal”, informó el expresidente de la Corte de Amazonas, juez superior Alejandro Espino Méndez.

Espino nombró a Cohen Vela como juez supernumerario en el Segundo Juzgado Civil Permanente de la Corte de Amazonas, a partir del 2 de octubre del 2018. En enero, fue ratificado como juez por el nuevo presidente de la Corte, Gonzalo Zabarburú Saavedra.

Ayer, ante el escándalo suscitado con su decisión de ordenar a la Sunedu que vuelva a evaluar el licenciamiento de Telesup, la Oficina de Distrital de Control de la Magistratura, Odecma, de Amazonas, intervino el despacho de Cohen Vela, con el fin de verificar su actuación procesal.

El jefe de la Odecma, Camilo Guerrero Céspedes, adelantó que solicitará al presidente de la Corte que Cohen sea suspendido. Pero Alberto Cohen se le adelantó y presentó su renuncia como juez y esta fue aceptada de inmediato.

En declaración a periodistas de Bagua, el juez Cohen afirmó que su decisión se ajusta a derecho. “Es un tema de criterio que se ha emitido respetando la ley. Siempre en todo proceso va a existir una parte que no está de acuerdo y están en su derecho de generar un posible cuestionamiento. La decisión se tomó de acuerdo al derecho como nos exige la Constitución, las razones están plasmadas en la resolución”, afirmó.

Clan Siguas

Alberto Cohen es sospechoso de integrar una mega organización liderada por los hermanos Rafael Enrique Siguas Donayre, Luis Enrique y Gerardo Alexander León Siguas, quienes desde el 2002 se dedicaban a generar multas y cobranzas coactivas fraudulentas en municipalidades de centros poblados, en agravio de instituciones públicas y privadas.

Cohen Vela se vinculó a esta organización, entre los años 2011 al 2014, cuando se desempeñaba como ejecutor coactivo de la Municipalidad de La Pólvora, Tocache, en la región San Martín.

El ‘Clan Siguas’ se acercaba a las municipalidades que reciben pocos recursos del Estado, a través de sus empresas de fachada, Making Servicios Generales, Falcon & Von Massenbach Analistas y Consultores y MV Asesores y Servicios Generales, y les ofrecían mejorar sus ingresos propios.

Pero esos ingresos eran un fraude y en su mayor porcentaje terminaban en los bolsillos de los hermanos Siguas, de acuerdo con las investigaciones de la fiscal supraprovincial Vanessa Díaz Ramos, tal como reveló La República, el 2016 y 2017.

Una vez instalados en una municipalidad, generaban multas a cualquier entidad pública o privada que operara en la zona: policía, colegios, postas, empresas de telefonía y eléctricas. El motivo no importaba y tampoco se notificaba la multa, salvo en documentos falsos, para que quede consentida.

Una vez consentida, generaban una cobranza coactiva contra una tercera entidad que estuviera vinculada al multado y que sabían que tenía fondos en los bancos.

A esa tercera entidad, de la noche a la mañana, le embargaban sus cuentas y procedían a cobrar y retirar el dinero. La cobranza se hacía utilizando a cobradores coactivos de las municipalidades de Lima, como Santa Rosa o San Bartolo.

La Pólvora

Entre los afectados están el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Banco de la Nación, Cosapi, Hidrandina, el Proyecto Especial Chavimochic, la Policía Nacional, el INPE, Telefónica y otros.

La Fiscalía estima que el fraude superó los 500 millones de soles. Los hermanos Sihuas se encuentran desde el 2017 con prisión preventiva, mientras que a sus colaboradores, entre los que se encontraban Alberto Cohen, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, se les impuso comparecencia con restricciones.

En la Municipalidad de La Pólvora se generó una multa contra el Gobierno Regional de San Martín, de la cual se declaró tercero responsable solidario al Ingemmet.

El Instituto Geológico también resultó víctima de supuestas multas impuestas en el balneario de Parachique, en Piura, con el agravante de que en dicha localidad todo fue falso, pues ni siquiera tiene municipio.

Luego, a través de los “ejecutores coactivos” de San Bartolo o Santa Rosa embargaron las cuentas del Ingemmet en el Banco de la Nación y el Banco Interamericano de Finanzas. El Ingemmet ya había pagado 9, 1 millones de soles en cobranzas coactivas, por multas a terceros, y tenía embargos por otros 50 millones, cuando se descubrió el fraude y se desarticuló al ‘Clan Siguas’.

“Juez dice que busca ordenar proceso de licenciamiento”

En su resolución, el juez Alberto Cohen Vela explica que su decisión no es un mandato para que la Sunedu otorgue el licenciamiento a la universidad Telesup, “sino un mecanismo de ordenación y equiparidad de condiciones en el ámbito administrativo para asegurar la emisión de decisiones que no acusen sesgos de falta de motivación e incluso arbitrariedad”.

Esto porque en su pedido de medida cautelar, Telesup argumenta que su licenciatura fue denegada en 585 días, mientras que otros centros de educación les habrían dado hasta mil días para adecuarse a la nueva ley.

En este contexto, el juez suspende las resoluciones del Sunedu de 17 de mayo, 24 de mayo y 26 de julio del 2019 y le ordena “que otorgue a la universidad privada Telesup SAC un plazo razonable para la reformulación y presentación de su plan de adecuación”. Un plan, dice, que no puede ser inferior a un mes, ni superior a dos meses, contados a partir de la notificación, e impone una contracautela (fianza) de 60 mil soles.

Las Resoluciones

Medida cautelar. El juez Alberto Cohen dispuso que la Sunedu vuelva a evaluar a Telesup.

Comparecencia. Alberto Cohen tiene orden de comparecencia con restricciones por su vínculo con la organización de los hermanos Siguas.