Keiko Fujimori, un año después de su detención preliminar por el caso Odebrecht
El 10 de octubre del 2018, Keiko Fujimori fue arrestada cuando iba a declarar por la investigación en su contra por lavado de activos.
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El caso Cócteles tuvo su punto más álgido hace exactamente un año, el 10 de octubre del 2018, cuando Keiko Fujimori acudió al Jirón Santa Rosa 242, una de las sedes del Ministerio Público, a declarar por la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
Al llegar al local del Centro de Lima su esposo Mark Vito por la citación, fue notificada de su detención preliminar por 10 días. La resolución judicial alcanzó también a otras 19 personas.
La orden llevaba la firma del juez Richard Concepción Carhuancho, a petición del fiscal José Domingo Pérez. Desde entonces, se desencadenó una espiral de recursos legales y distintos momentos clave en la investigación por el caso Odebrecht.
Keiko pasó el control de legalidad en la Sala Penal Nacional y luego fue trasladada a la Prefectura de Lima. Entretanto, en la Fiscalía se ultimaban detalles y diligencias para dar el salto a la investigación preparatoria y así habilitar el pedido de prisión preventiva.
El fallo judicial indicaba además que existía peligro de fuga por parte de la hija del exdictador Alberto Fujimori por sus contactos en Estados Unidos y Japón, además de evidenciar una falta de arraigo en el país, pues no tenía un trabajo conocido y no colaborar en todas las citaciones fiscales.
Fuerza 2011: aportes bajo la lupa
La hipótesis central de la Fiscalía apuntaba lo siguiente: la existencia de una presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori al interior de Fuerza 2011, partido con el que buscó sin éxito la presidencia y cambiaría posteriormente de nombre a Fuerza Popular en el 2016.
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Según las declaraciones de Jorge Barata entre noviembre del 2017 y febrero del 2018, Odebrecht entregó US$1 millón 200 mil de la ‘Caja 2’ a la campaña fujimorista. Un millón fue entregado a los exministros Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere, que fungieron de intermediarios.
Los US$200 mil restantes fueron aportados por la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas). Para disfrazar el origen ilícito, el partido y su cúpula recurrió al “pitufeo” (fraccionamiento paulatino del dinero para evitar los registros bancarios), falsos aportantes, entre otros métodos acorde con la tesis fiscal.
De acuerdo con la resolución, además de Keiko Fujimori, estaban bajo detención preliminar las siguientes personas:
Keiko Fujimori, un año después de su detención preliminar por el caso Odebrecht
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Estructura y estrategia de la red
La resolución del juez Concepción Carhuancho detalló entonces que existieron “razones plausibles” para dictar la medida de detención, como la falta de una sustentación sólida de aportes monetarios ante la ONPE.
En la presunta organización criminal, estaba a la cabeza Keiko Fujimori Higuchi. Entre los encargados de la recepción ilícita figuraban Jaime Yoshiyama (secretario general de Fuerza 2011) y Augusto Bedoya (secretario de Economía).
Estructura base de la presunta red criminal.
Como encargada de la “administración y colocación de los dineros ilícitos captados" estaba Adriana Tarazona Martínez, tesorera alterna del partido entre 2009 y 2012. En el nivel de los colaboradores aparecieron los nombres de Ytalo Pachas, Ángela Bautista, Luis Mejía Lecca, entre otros.
El caso, aún en investigación preliminar, no hablaba todavía de un “núcleo duro” de la supuesta organización criminal, compuesto por Keiko y sus asesores más cercanos como Ana Herz y Pier Figari, además de Vicente Silva Checa, exoperador de Vladimiro Montesinos, como estratega legal.
Keiko Fujimori y su entorno más cercano estuvo siete días encarcelada en la Prefectura, en Cercado de Lima.
Poder Judicial liberó 7 días después a Keiko Fujimori.
La Segunda Sala de Apelaciones dispuso su liberación el 17 de octubre, sin embargo, el requerimiento de prisión preventiva estaba en marcha y le aguardaron sucesivas audiencias hasta que fue encarcelada nuevamente el 31 de octubre, por orden del mismo magistrado Concepción Carhuancho.
Aunque su última carta está en juego todavía en el Tribunal Constitucional, que aún no decide su libertad en el recurso de Hábeas Corpus presentada por su hermana Sachi Fujimori, el panorama electoral de cara al 2021 no está del todo claro.
Balance y perspectiva del fujimorismo
El abogado y politólogo Juan de la Puente indica al respecto que “no se podría plantear que [Keiko Fujimori] ha sido liquidada políticamente, pero hay escenarios complejos en los que no se sabe si podrá encararlos”.
Ello en relación a la alianza que ha tenido el partido con “grupos fundamentalistas como Con mis hijos no te metas”. Para el especialista, la selección que hizo Fujimori de los candidatos para los comicios del 2016 también le resta aspiraciones para el futuro.
“Tendría que cambiar la historia de los últimos tres años”, detalló De la Puente, atendiendo el sucesivo desprestigio que ha tenido el Congreso de mayoría fujimorista desde el 2016.
“Al ser detenida, la bancada quedó a la deriva. Varios miembros renunciaron, luego entraron a una relación confusa y da la impresión de que Keiko Fujimori sigue tomando decisiones. Su detención es el inicio de una enorme crisis”, indicó.
