Pedro Grandez indicó que “Cada decisión, de cada poder del Estado, tiene que ser capaz de conectar con estos principios y valores en busca de legitimidad”.
Pedro Grandez indicó que “Cada decisión, de cada poder del Estado, tiene que ser capaz de conectar con estos principios y valores en busca de legitimidad”.

Poder público y legitimidad

La República
10 Oct 2019 | 7:25 h

Por: Pedro Grandez - Abogado constitucionalista

El contexto de esta grave crisis también ha puesto al descubierto mucho de la precariedad de nuestra academia local y las concepciones del Derecho que acompañan a nuestra práctica jurídica.

La distinción, siempre convenida, entre ética y derecho, es lo primero que exigen quienes piden que el derecho se imponga por la “sola autoridad”: autoritas non veritas facit legem (La autoridad y no la razón, ni la justicia definen al Derecho), parecen repetir como en tiempos añejos.

El otro extremo de la indiferencia, con la urgencia de la realidad que aparece en estas visiones oportunistas del Derecho es, sin duda, el formalismo y el tecnicismo como argumento súmmum.

El discurso parece aquí de nuevo distante al sentido común y a las exigencias de la realidad. Las formas importan tanto, que la vida misma podría caer rendida si no se ha cumplido con un plazo de algún código procesal.

Esa mirada deshumanizada del Derecho suele apelar a sofismas lejanos para hacernos “comprender” que el Estado de derecho es un conjunto de formas, puesto que en valores y en los principios, se nos dice, no es posible un mínimo de acuerdos.

El Estado de derecho se presenta así, vacío de contenidos, esta vez uno puede perder el caso, por no haber adjuntado copias suficientes para notificar a la otra parte.

Cuando uno revisa un poco la historia, esta es la contemplación del Derecho de quienes administran el “establishment” de injusticias y exclusiones, a lo largo de buena parte de la República.

Son estos, nuestros juristas, quienes ahora comparan la disolución constitucional del Congreso de la República con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

En la visión formalista del Estado de derecho y en la separación entre ética y derecho, los fines y los contextos no cuentan.

Sin embargo, la democracia constitucional, que se asienta sobre un conjunto de compromisos éticos, exige de sus actores una toma de posición ética para interpretar su ordenamiento jurídico.

Todas las formas, los procedimientos y debidos procesos que forman en conjunto nuestro ideal de Estado de derecho tienen que ser leídos y definidos en función de fines y valores.

Esos fines y valores se recogen hoy en día en términos de principios constitucionales, que son las normas más importantes del sistema jurídico.

Cada decisión, de cada poder del Estado, tiene que ser capaz de conectar con estos principios y valores en busca de legitimidad.

Por otro lado, la legitimidad del Estado constitucional no es solo una legitimidad de origen, sino también y fundamentalmente de ejercicio.

En cada decisión, el poder público se juega su legitimidad.