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Política

¿Cómo se llama la película?

“Mientras exista la inmunidad parlamentaria que el fujimorismo se negó a reformar y el antejuicio político, nuestras instituciones seguirán siendo un botín apetecible”.

SIGRID
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Primer acto: Migraciones alerta que el excongresista Roberto Vieira intenta salir del país por la madrugada con su pasaporte diplomático invalidado y con multas electorales por pagar. Luego de regularizar sus papeles y antes de que intentase viajar por segunda vez, el Poder Judicial le dicta un impedimento de salida del país.

El dato: Vieira es investigado por tráfico de influencias, presuntamente por interceder por su primo ante Produce. El caso se meció en el Congreso tanto que la misma Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, llegó a presentar una denuncia constitucional en su contra.

Segundo acto: Pedro Olaechea, integrante de la Comisión Permanente, se niega a aceptar la disolución del Congreso y reafirma su llamado ante la ONU y la OEA por una posible “amenaza a la democracia” de parte de Martín Vizcarra.

El dato: Olaechea siempre ha negociado intereses en el Tribunal Constitucional (TC). Actualmente insiste en colocar a su primo entre los magistrados del TC, pero antes se hizo conocido por interceder a favor de un grupo de dueños de bonos agrarios ante esta instancia, tema que aún está pendiente.

Tercer acto: Marisol Espinoza presenta un recurso de amparo contra Martín Vizcarra por supuestamente haber vulnerado sus derechos. Los amparos son personales y, claro, podrían presentarse 129 amparos más.

El dato: Espinoza habría recibido dinero para favorecer a Edwin Oviedo, de acuerdo al fiscal Rafael Carrasco, en el marco de la investigación de la presunta organización criminal denominada “Los Wachiturros”, dentro de la cual también se encontrarían involucrados los excongresistas Héctor Becerril y Javier Velásquez Quesquén.

Estos solo son los primeros casos y quizá los más saltantes en donde excongresistas intentan salirse con la suya, aferrándose a sus anteriores beneficios con uñas y dientes, pese a haber sido “disueltos” en sus funciones. Ahora bien, no solo son quienes acaban de salir del Congreso. Mientras exista la inmunidad parlamentaria que el fujimorismo se negó a reformar y el antejuicio político, nuestras instituciones seguirán siendo un botín apetecible para quienes, estando investigados, busquen a toda costa la impunidad o la prescripción de sus delitos.

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