Tareas del nuevo Congreso
“El país debe decidir sobre el destino de los recursos energéticos, lo que hoy no sucede porque las empresas poseen la propiedad, lo que les permite tratarlas como ‘commodities’”.
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Las elecciones congresales de enero serán una buena oportunidad para discutir sobre una diversidad de temas, incluyendo aquellos que quedaron pendientes por el Congreso disuelto.
Uno es la Ley 27360, que vencía en el 2021 y, el 20 de setiembre, fue prorrogada 10 años más, hasta el 2031, por el Congreso disuelto. Pero, ojo, la ley no ha sido promulgada porque –hasta donde sabemos– el Poder Ejecutivo no la recibió y, por tanto, no ha sido promulgada. ¿Se tendrá que volver a votar en el 2020? Todo parece indicar que sí.
Esta ley, que data del 2000, ha sido uno de los factores para el crecimiento de las exportaciones agroindustriales y otorga incentivos tributarios (solo se paga 15% y no 30% de impuesto a la renta) así como recorta beneficios laborales.
Otros factores han sido las irrigaciones por más de US$ 7,000 millones por el Estado peruano, aportando más de 100,000 nuevas hectáreas en la costa y que fueron vendidas a precio de regalo y a pocos postores. También está la apertura de mercados externos, a partir de los TLC. Y, no menos importante, el muy buen desempeño del Servicio de Sanidad Agraria (SENASA), certificando la ausencia de plagas en los cultivos peruanos.
En síntesis, el sector agroindustrial ha recibido un tratamiento “especial”, con el cual también ha creado decenas de miles de empleos, la mayor parte temporales. Y consideramos también muy positivo que los sectores acuícola y forestal, que recién están comenzando, ingresen a la 27360. Por el lado negativo tenemos que las azucareras irían de polizontes 10 años más, pues no son exportadores.
El tema central es: ¿cuándo es que las grandes empresas, como Camposol, Virú, Danper Trujillo y Drokasa –que ya tienen 30 años de con la 27360– se gradúan y pasan al régimen general (1)? Dice Macroconsult: “la actividad está en pleno auge y se ha debido iniciar un tránsito gradual hacia el régimen general que debería evitar tratos diferenciados” (RS, 26/09/2019). Exactamente.
Antes que el proyecto de nueva ley de hidrocarburos, se debería discutir el Plan Energético de largo plazo –del cual el país carece– para orientar nuestra matriz energética durante los próximos 30 años, priorizando las energías renovables. Eso ha hecho Chile con su Plan Energía al 2050 (Ver: Energía Perú al 2050, http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2606) y, también Argentina, que hace poco inauguró el Parque Solar Cauchari de 1.2 millones de paneles solares con una capacidad de 500 MW. La inversión ha sido US$ 460 millones (el Eximbank chino financió el 85%).
Tema clave: el país debe decidir sobre el destino de los recursos energéticos, lo que hoy no sucede porque las empresas poseen la propiedad, lo que les permite tratarlas como “commodities”. Así, el Perú no puede decidir el destino del gas del Lote 58 de la estatal china CNPC. La nueva ley debe cambiar este “orden”. Y debe fortalecer a Petroperú, que hoy cumple 50 años (felicitaciones), otorgándole una participación en los lotes de Talara, que están por vencer.
Hay muchas leyes que se nos quedan en el tintero: la ley sobre el control previo de fusiones y adquisiciones empresariales debió volver a votarse en octubre. Pero ahí quedó. Está también la discusión sobre el DL 1362 del 2018, que otorga excesiva importancia a las APP, por encima de la inversión pública. ¿Y la nueva ley del Trabajo? Ultima de este artículo, pero no menos importante: la nueva ley de minería impulsada por Vizcarra, cuyo proceso está aún en pañales.
En conclusión: chamba no les va a faltar.
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