Presión indebida

Inalterables obligaciones de Odebrecht con la justicia peruana.

Editorial Editorial
09 Oct 2019 | 0:18 h

En el reciente interrogatorio en Brasil al exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata, por parte del equipo especial del caso Lava Jato, se esperaban más detalles sobre los hechos materia de investigación; no obstante, el interrogado habría revelado información que conocía y de la cual contaba con evidencia documental, pero –señaló– se encontraba limitado porque la crisis de la empresa no le había permitido cumplir con pagos a los proveedores de asistencia tecnológica, y por lo tanto el proceso de extracción de la información encriptada se había detenido.

Han trascendido del mismo modo las tensas conversaciones sostenidas en Brasil en esos días entre los fiscales peruanos, el procurador peruano con los fiscales brasileños y los abogados de la empresa. Estas tensiones llevaron a que la parte peruana advirtiera que la falta de colaboración de los implicados sometidos a colaboración eficaz podría considerarse una ruptura de los acuerdos.

El punto de la controversia reside en la pretensión de Odebrecht de que el Estado peruano le devuelva los 524 millones retenidos del total de 1.400 millones de dólares de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, una controversia que deberá resolver la misma jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa brasileña y la justicia peruana.

En el transcurso de los días, esta pretensión ha adquirido un tono de presión que bien puede leerse como que la empresa y sus exdirectivos solo continuarán colaborando con la justicia peruana si se les entrega el dinero solicitado. Esta inaceptable presión ya ha recorrido algún camino, al punto de que el procurador del caso, quien en agosto pasado se oponía al pago Odebrecht, ha cambiado de idea.

Es entendible la crisis de la empresa brasileña, y son veraces sus apuros financieros de los que dan cuenta los organismos reguladores de ese país. También es cierto, sin embargo, que según el acuerdo de colaboración es obligación de la empresa cubrir los costos de la obtención de información sobre los casos de corrupción en el Perú.

Sin perjuicio de lo que resuelva la jueza encargada de esta diligencia, debe precisarse que la empresa brasileña tiene el deber de procurar la exitosa ejecución del acuerdo de colaboración con la justicia peruana y que este objetivo es de mutuo interés y beneficio. El riesgo de la interrupción, y acaso la ruptura de este acuerdo, no solo acarrearía un grave perjuicio para el Perú en su cruzada contra la corrupción, sino también para los esfuerzos que realiza esta empresa para renovarse.