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Política

Doble discurso en tema competencial tiene el defensor

Giro. Primero sostenía que presentar la demanda sería como ponerse de uno de los lados. Ahora dice que evalúa plantearla.

Walter Gutiérrez
Walter Gutiérrez

En pocos días, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha dado un cambio de dirección en sus opiniones en 180 grados respecto a la posibilidad de presentar una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre el cierre del Parlamento dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Llama la atención ese cambio. Mientras el pasado viernes aseguraba a La República que “presentar la acción de competencia contra la disolución del Congreso sería colocarse en uno de los lados, lo que la Defensoría del Pueblo no puede hacer”, el último domingo por la noche aseveraba que su despacho evalúa interponer el recurso para que el máximo organismo constitucional dirima sobre la situación del país, pero obvió decir cuándo lo haría. Y el lunes ratificó su última versión.

Pero no solo en eso cambió de opinión. En la entrevista con este diario, Gutiérrez insistió en que “la Defensoría del Pueblo tiene que preservarse como una institución que propicie el diálogo, que abre espacios de diálogo y por eso ha sido sumamente cuidadosa al momento de plantear sus dos comunicados” tras la disolución del Congreso.

No obstante, en RPP, el lunes, Gutiérrez sostuvo que no solo el presidente Vizcarra y Pedro Olaechea pueden presentar la demanda de competencia, sino también la Defensoría como institución “que también es un contrapoder”.

A su criterio, tanto Vicarra como el Congreso que presidía Olaechea se habían alejado del marco constitucional luego de la disolución del Parlamento.

Sostuvo que si bien es cierto no hay un golpe de Estado en el país, existe una situación “anómala”, por lo que se debe regresar a un Estado plenamente constitucional.

Anomalía

● Riesgos. Para Gutiérrez existirían riesgos, porque estamos en un momento inédito y “plagado” de minas: “El presidente va a gobernar con decretos de urgencia, eso nunca ha pasado, nunca, ni con Fujimori. Es anómalo, porque él podría cambiar todo el Código Penal sin ningún control”.

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