Aceptar la derrota

Una vez más, al fujimorismo le toca aceptar su derrota. Keiko Fujimori nunca la superó, pero es hora de que sus congresistas comprendan que su tiempo se acabó y que su inmunidad ya tiene fecha de caducidad: el 30 de octubre. Como dice nuestra Constitución: Artículo 93.- Inmunidad Parlamentaria: No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas (...).

Ojo que hoy arrancan los interrogatorios a Jorge Barata por los codinomes, varios de los que podrían haber sido asignados a estos, nuestros excongresistas, por recibir dinero sucio de Odebrecht. Se entiende el temor, pero el aprofujimorismo tendrá que ser sometido a la justicia. Se les van cortando las argollas.

Por otro lado, si bien la Cuestión de Confianza estuvo ligada al ensombrecido proceso de elección de magistrados ante el Tribunal Constitucional (TC), la salida de nuestros parlamentarios también permitirá –¡finalmente!– destapar muchos blindajes desde el Ministerio Público. Casos como el del propio Roberto Vieira, sorprendido en el Jorge Chávez, intentando fugar del país durante la madrugada, no pueden quedar al margen y deberá evitarse la salida de varios otros investigados. Blindajes dentro del Congreso como el de Héctor Becerril, Betty Ananculí, Úrsula Letona... todos los congresistas cuyas denuncias fueron pasadas por agua tibia en la Comisión de Ética o cuyas investigaciones simplemente fueron archivadas.

El fujimorismo deberá, una vez más, asumir esta derrota frente al escenario que también han ido generando otros países pronunciándose a favor de la independencia de poderes en el Perú. Hasta la OEA le dio total autonomía a nuestro país para que nuestro propio TC defina criterios sobre lo que está pasando y saluda que se haya convocado a elecciones dentro de los plazos constitucionales, dándole el poder a la gente de elegir.

Y es que está claro que la disolución del Congreso no era el objetivo final o el escenario más deseado. El punto al que hemos llegado ha tenido que darse como última y única alternativa. El Congreso nos vio la cara con la reforma política y con el adelanto de elecciones, una tercera vez era demasiado. Con el respaldo de la Constitución y de la gente en las calles, toca arrancar el proceso electoral más transparente posible.