Analiza. Expresidente del TC César Landa en desacuerdo con predictamen del Congreso.
Analiza. Expresidente del TC César Landa en desacuerdo con predictamen del Congreso.

César Rodrigo Landa Arroyo: “El predictamen tiene una posición sesgada y unilateral... No es plural, no tiene coherencia”

Abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Analiza el dictamen del proyecto de ley sobre adelanto de elecciones.

La República
25 Sep 2019 | 3:25 h

Por: Diego Quispe Sánchez

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) César Landa critica que el predictamen de la Comisión de Constitución sea presentado luego de que los delegados de la Comisión de Venecia dejaron nuestro país. Considera que ese texto sustitutorio no aporta a la lucha contra la corrupción y mantiene el statu quo de la clase política.

¿Qué es lo que más le llama la atención de este predictamen?

Tiene una posición sesgada y unilateral... No es plural, no tiene coherencia.

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¿En qué aspectos?

Cuestionan la reforma constitucional y dicen que los derechos son absolutos. Y eso no es verdad. Se plantea que las nuevas elecciones es algo inédito en todo el país, por lo cual desconocen lo que ocurrió en el año 2000 con el adelanto de elecciones.

¿Contra qué derechos constitucionales atenta este predictamen?

El derecho al sufragio. El artículo 45 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo. Y lo están negando al rechazar esta reforma constitucional. El predictamen no responde a las necesidades de nuestra democracia contemporánea y a lo que demandan los ciudadanos, que es luchar contra la corrupción y la impunidad.

Y es probable que el predictamen que archiva el adelanto de elecciones sea aprobado hoy en la Comisión de Constitución.

En ese sentido, declarar que no tiene fundamento la convocatoria de elecciones anticipadas es mantener el statu quo.

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Entonces, ¿se hizo venir en vano a los delegados de la Comisión de Venecia?

Da esa impresión. No se valora lo que va a decir esta comisión, que fue utilizada para dilatar la decisión que ya estaba elaborada. El día en que ellos están viajando a otro país, la Comisión de Constitución publica el predictamen.

¿Eso evidencia que en la Comisión de Constitución tuvieron temor de que la Comisión de Venecia no emita un fallo de acuerdo con sus intereses?

Es probable. Los estándares con los que ellos trabajan es sobre la democracia y el Estado de derecho. Pero no hubo prudencia (en el Congreso) y el interés de la mayoría parlamentaria que elaboró el predictamen del adelanto de elecciones.

La presidenta de esta comisión, Rosa Bartra, expresó ayer que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y menos de la Comisión de Venecia. ¿Qué impresión se llevarían los juristas internacionales sobre esto?

Que hay una crisis de legitimidad en nuestro modelo parlamentario y por eso la población quiere que se cierre este Congreso.

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Los legisladores que rechazan las nuevas elecciones alegan que la población eligió al presidente y a los parlamentarios en el 2016 por un mandato de cinco años.

No obstante, esa voluntad dictada por el pueblo se actualizó en el 2018 cuando la población aprobó que los congresistas no sean reelectos. Lo que están haciendo es desobedecer el mandato de hace un año para avanzar en la lucha contra la corrupción que está entrampada en el Congreso.

Los opositores a esta propuesta también sostienen que aprobar la reforma del Ejecutivo generaría un antecedente para que otro presidente recorte el mandato presidencial y de los legisladores.

Es un argumento que no tiene sustento jurídico. No refleja lo que es la realidad. En el año 2000 ya hubo una reforma así proveniente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este caso, la reforma proviene del Ejecutivo y como la opinión de la Comisión de Venecia ya no es importante para ellos (los congresistas), de pronto, hay una manipulación de los casos.

Si hoy el Congreso envía al archivo la iniciativa del Ejecutivo, ¿qué soluciones hay al respecto?

La cuestión de confianza, de acuerdo con la Constitución, se plantea por políticas que pueden ser proyectos de ley en proceso de control parlamentario. El Tribunal Constitucional del año pasado señaló que la cuestión de confianza es abierta. Puede ser por políticas de luchar contra la corrupción, como el adelanto de elecciones.

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¿Pero se puede pedir la confianza por la actual propuesta de nuevos comicios generales o el Ejecutivo debe presentar otra iniciativa legislativa?

Cuando es rechazado (un proyecto de ley) puede haber insistencia. Así como cuando el Ejecutivo observa una ley. En este caso, la insistencia se da a través de una moción de confianza con nuevos argumentos, pero vía proyecto de ley.

¿Una eventual cuestión de confianza frena el debate en la Comisión de Constitución hasta que se discuta la moción del gobierno?

Claro, el Parlamento, según la Constitución, tiene que darles prioridad a los proyectos del Ejecutivo. Así como cuando se presenta una cuestión de confianza, esta debe ser tratada de manera urgente en un día específico de acuerdo con el reglamento del Congreso.

¿La bicameralidad es una salida para que el Ejecutivo y el Congreso lleguen a un consenso?

La población la rechazó porque fue usada (en el Congreso) como caballo de Troya en la medida que el Ejecutivo no pueda pedir la confianza por proyectos determinados y, en diciembre pasado, el pueblo votó en contra en más de 85%.