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Política

Adenda con Odebrecht genera posiciones encontradas

III Etapa de Chavimochic. Mientras empresarios agroexportadores están de acuerdo, consejero Greco Quiroz lo rechaza. Advierte que firma debe ser autorizada por el Consejo Regional de La Libertad.

Palo Redondo
Palo Redondo

La decisión del gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, de insistir en la firma de la adenda con la empresa brasilera Odebrecht para culminar la represa Palo Redondo, que tiene un 70% de avance, ha generado posiciones encontradas en empresarios agroexportadores, autoridades y políticos.

La suscripción de ese documento que posibilitará el reinicio de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic, que lleva casi tres años paralizado, tendrá que pasar antes por el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República. Si no supera esos filtros, la obra seguirá paralizada.

PUEDES VER Reinicio de la III etapa de Chavimochic en manos del MEF y la Contraloría

Según declaró el gobernador a un medio nacional especializado en economía, de firmarse la adenda en octubre próximo, la ejecución de la presa se iniciará en mayo del 2020.

Hay que precisar que aún está pendiente un arbitraje planteado ante un ente internacional por Odebrecht que exige a la región US$ 280 millones por no haber expropiado, hasta fines del 2016, las tierras para empezar a construir el canal madre hasta el Valle Chicama.

Yuri Armas, quien integró el Consejo Consultivo de Chavimochic y en representación del sector agroexportador, respaldó la firma de ese documento, aunque reconoció que eso podría traerse abajo los avances en la lucha contra la corrupción iniciados por el Gobierno Central y un grupo de fiscales del caso Lava Jato.

“Los liberteños debemos entender que al margen de que si la represa la culmina Odebrecht u otra empresa, esta obra nos permitirá tener independencia hídrica. Todos los años ingresamos en una especie de conflicto con Áncash, pues dependemos de la misma fuente de agua (río Santa)”. Palo Redondo nos daría esa independencia en el manejo del agua”, aseveró.

Armas reveló que hay 18,000 ha por irrigar y esas generarían 90 mil puestos de trabajo.

Reconoció además que la edificación de la presa tiene ya un desfase de precios, materiales y mano de obra. “Lo mejor es que eso se sincere y esté considerado dentro de la adenda o el acuerdo conciliatorio. Se calcula que son entre 27 a 30 millones de dólares adicionales que tendría que destinar el Estado, ya que por el momento esta es una obra pública y el concesionario no ha puesto ni un dólar”, manifestó.

En desacuerdo

El consejero de la provincia de Ascope, Greco Quiroz Díaz, consideró que la región no debe trabajar con una empresa acusada de corrupción como es Odebrecht.

Precisó que la firma de la adenda tiene que ser autorizada por el Consejo Regional. “Eso está contemplado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, insistió. Agregó que el Ejecutivo debe emitir un pronunciamiento sobre si apoya o no la decisión del gobernador Manuel Llempén.


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