El día D

“Lo que se viene, si no hay contratiempos, es que en una semana saldremos de dudas y esto puede representar el fin de la carrera política de más de uno”

Nelson Manrique
24 Sep 2019 | 7:05 h

El gobierno y la mayoría parlamentaria opositora han convertido el día 30 de septiembre en una fecha crucial. El presidente Martin Vizcarra marcó esa fecha como el límite para que el parlamento aprobara la propuesta de adelanto de elecciones. El fujimorismo, por su parte, ha proclamado que el 30 de setiembre nombrará a los 6 nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Los fujimoristas defienden la repentina prisa que les ha entrado alegando un ataque de eficiencia, pero el argumento es poco convincente si se recuerda que fue la fujimorista Rosa Bartra quien bloqueó durante meses la tarea que ahora pretenden despachar en una semana. Son otras las razones de la repentina prisa que hoy exhiben.

La mayoría aprofujimorista no tiene la menor intención de aprobar el adelanto de elecciones que Vizcarra demanda y ha decidido lanzarse a la captura del Tribunal Constitucional, asegurándose una mayoría contundente que se encargue de declarar inconstitucional la propuesta de Martín Vizcarra. En las filas oficialistas, un sector está por conversar con el fujimorismo una salida negociada. Se habla hasta de una propuesta que les han insinuado: a cambio de que acepten el adelanto de elecciones, el gobierno les ofrecería reincorporar la bicameralidad, permitiéndoles de esta manera reelegirse como senadores. Este podría denominarse el camino PPK, atendiendo a la previsible vacancia presidencial que se avizora al final de la ruta. Teniendo un amplio respaldo personal y contando con una aplastante opinión a favor de las elecciones adelantadas y el cierre del parlamento, el presidente decidió no recurrir a la movilización popular, ahora está enredado en las intrigas palaciegas.

Veamos las motivaciones del fujimorismo para intentar sacar la elección de los miembros del TC al caballazo. Se ha dicho que quieren asegurar que el hábeas corpus que la defensa de Keiko Fujimori está por presentar, pidiendo su libertad, sea aprobada en el TC por unanimidad. Un TC fujimorista, por otra parte, se encargaría de otorgarle la libertad a Alberto Fujimori. De hecho, son buenas razones para pretender controlar el TC pero no explican la prisa con que están procediendo.

¿A qué se debe esta prisa? Una primera razón puede ser que el fujimorismo ha logrado juntar secretamente el número de votos necesarios para imponer sus candidatos al TC y no quiere arriesgarse a perder la oportunidad. Pero hay una razón de mayor urgencia, y es que entre el 2 y el 4 de octubre los fiscales peruanos se reunirán con Barata para que este les revele la identidad de los 71 personajes políticos, escondidos detrás de codinames, pagados con dinero del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, el encargado del pago de los sobornos.

Es de prever que la lista maldita comprometa a un buen número de parlamentarios, algunos de los cuales están en ejercicio y juegan un papel muy importante en la escena política. Hoy corren en Lima apuestas sobre quién es quién en la lista de Odebrecht. Para no quedarse en las especulaciones, Caretas decidió tomar el toro por las astas y preguntar a los posibles implicados si se reconocían bajo los codinames hechos públicos. Jorge del Castillo se apresuró a negar ser, o tener alguna relación con, “Castelo”. Velázquez Quesquén, conocido por sus amigos como “Sipán”, gallardamente anunció que no iba a pronunciarse sobre especulaciones y que dejaría que los fiscales hagan su trabajo. Aurelio Pastor, ex ministro de Alan García y personaje clave en la liberación de 5500 criminales, entre ellos 3200 narcotraficantes y 1600 delincuentes de alta peligrosidad, fue declarado no habido por la revista.

Lo que se viene, si no hay contratiempos, es que en una semana saldremos de dudas y esto puede representar el fin de la carrera política de más de uno, cuando no una temporada en prisión. Por eso es importante para apristas y fujimoristas controlar el TC. Es la última instancia jurídica, y ellos esperan convertirlo en el último bastión de la impunidad.