Repartija

Fuerza Popular y sus aliados acaban de descubrir el papel que el Tribunal Constitucional juega en nuestra democracia y se han abocado a una carrera contra el tiempo para coparlo. Limitándose a ejercer sus funciones, el TC declaró la inconstitucionalidad de la ley antitránsfuga, de la ley mordaza y de la ley que desvirtuaba la cuestión de confianza, atajando la estrategia totalitaria de la mayoría.

Habría que preguntarse si es apropiado que el Congreso decida la reconfiguración del Tribunal Constitucional en los momentos actuales. No solo porque las tres leyes mencionadas prueban su escaso aprecio por nuestra Constitución, sino también porque al TC le corresponderá resolver en última instancia la disputa entre el Legislativo y el Gobierno por el adelanto de elecciones y la cuestión de confianza que pueda derivarse de ella. Si este conflicto de intereses no basta, habría que recordar que también deberá resolver varias acciones de garantía que interesan a los partidos que quieren renovarlo, como el hábeas corpus contra las resoluciones que anularon el indulto de Alberto Fujimori.

Anunciar la elección de los nuevos magistrados para el lunes 30 de septiembre —el mismo día puesto por Martín Vizcarra como fin del plazo para votar el adelanto de elecciones— no puede ser un mensaje más evidente. Nadie es tan ingenuo como para creer que es una mera coincidencia que solo un par de días después vendrá la desclasificación de los 71 nuevos codinomes del caso Odebrecht, donde se da por descontado que aparecerán varios congresistas del actual Parlamento.

El proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional despertó sospechas desde el comienzo. Primero fue la conformación de la comisión encargada de seleccionar a los candidatos, donde Fuerza Popular impuso el criterio de la proporcionalidad para tener mayoría junto a sus aliados. Pero lo peor llegó cuando se dio a conocer la lista de finalistas, que incluye al mismísimo abogado personal de Alan García, junto con varias personas con indudables vínculos partidarios, que adelantaron posición en temas que pronto resolverá el TC.

Entre los muchos defectos del actual fujimorismo está la falta de memoria. Ahora intentan apoderarse del Tribunal Constitucional a la brava, como si fuera un botín, olvidando lo que pasó en julio de 2013, cuando ocurrió la llamada «repartija», que produjo una movilización nacional ante el evidente sesgo político que se quiso conferir a la institución. O lo que ocurrió en 1996, cuando la destitución de tres magistrados por declarar inaplicable la ley para la segunda reelección de Alberto Fujimori motivó unas manifestaciones multitudinarias, preludio de la caída del régimen en el 2000.

A pesar de su fracaso, Fuerza Popular se sigue sintiendo inmune a las leyes de la historia. No podrán decir que no se les advirtió.