“Lluvia de bonos” en municipalidad de Ferreñafe

Contraloría detectó más de S/750 mil en pagos indebidos a funcionarios de confianza por pactos colectivos.

Control. Municipalidad deberá iniciar acciones legales.
Control. Municipalidad deberá iniciar acciones legales.
La República
20 09 2019 | 07:18h

Lambayeque. Entre los años 2012 y 2017 la Municipalidad Provincial de Ferreñafe desembolsó S/754,390 para pagar una serie de beneficios económicos —aprobados mediante pactos colectivos— a sus funcionarios de confianza y/o con poder de decisión.

A través del informe de auditoría n.° 013-2019, el Órgano de Control Institucional (OCI) evidenció que dicha retribución habría sido ilegal, pues de acuerdo a la Constitución y a la Ley del Servicio Civil, el personal de confianza y directivo de las municipalidades está excluido del derecho de negociación colectiva porque no gozan de sindicación. Sin embargo, pese a esta prohibición, un grupo de funcionarios se habría beneficiado ilegalmente de beneficios por conceptos como incremento remunerativo, bonificaciones por el Día del Trabajo, por vacaciones, por refrigerio y movilidad, por el Día del Trabajador Municipal, por incremento remunerativo y hasta por cierre colectivo.

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Según los documentos a los que tuvo acceso La República, todo iniciaba con el pliego de reclamos anual que presentaba el Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Ferreñafe (Sutramunf) al alcalde —que durante ese periodo fue Jacinto Muro Távara—, quien designaba la comisión paritaria para la negociación. Tras reunirse con el gremio, estos funcionarios firmaban un acta con una serie de acuerdos sobre bonificaciones económicas que luego eran elevados al burgomaestre para su aprobación.

Al principio se suscribieron pactos con bonificaciones que iban entre los S/30 y S/150, pero cada año siguiente dichos montos se iban elevando hasta alcanzar los S/2,400. El aumento no solo se dio en la cantidad de dinero, sino también en la cantidad de conceptos, por lo que el perjuicio económico anual pasó de S/9,865 en el 2012 a S/229,575 en el 2017.

Frente a esta situación, la Contraloría pidió a la actual alcaldesa provincial, Violeta Muro Mesones (hija de Jacinto Muro Távara), derivar el informe a la Procuraduría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores que participaron en esta presunta irregularidad. Asimismo, disponer el inicio de acciones administrativas al interior de la comuna para el deslinde de responsabilidades de los mismos funcionarios.