El niño, el agua sucia y la mecida

En la discusión sobre si hubo o no coimas por parte de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) es importante distinguir dos niveles. Uno tiene que ver con las coimas, las reparaciones, las sanciones y la demanda contra el Estado interpuesta por Enagás (uno de los socios del GSP) ante el CIADI del Banco Mundial.

El otro es la necesidad del GSP para cambiar la matriz energética, masificar el gas para abaratar el consumo en los hogares, llevarlo a las industrias, a los autos (GNV), descentralizar la oferta de electricidad (concentrada en Chilca) usando las centrales de Ilo y Mollendo e impulsar la petroquímica.

Vamos a lo primero. Odebrecht ahora dice que sí hubo pagos por el GSP, pero a privados y no a funcionarios públicos. El fiscal Vela ha dicho que Barata no ha terminado de hablar, que lo interrogarán en Brasil el 6 de octubre y “que no descarta nada” (Gestión, 17/09). Agárrense.

Sí está claro que, el 2014, hubo coima de Odebrecht para que Suez baje su participación del 25 al 2% en el consorcio Gasoducto Sur Andino –GSA, competidor del GSP e integrado además por Sempra, Techint y TGI- tan solo cuatro días antes de la oferta final. El dinero habría ido a Manlio Alessi de Suez a través de Johnny Brignardello (redacción.lamula.pe, 07/08/19).

¿Se imaginan que una empresa invierta millones con sus socios y que cambie su participación accionaria 96 horas antes? Por eso fue descalificado el GSA. Más allá de si debió ser descalificado o no, el hecho macizo es que si Suez no se hubiera bajado, habría habido dos postores. Importante.

Vamos al CIADI. Enagás dice que el gobierno ha incumplido el contrato pues no ha vuelto a licitar el gasoducto, con lo cual se obtendría el dinero para devolverle la inversión al GSP (se estiman US$ 1,500 millones; Enagás tiene el 25%).

El gobierno dice que no tiene nada que devolver porque el GSP no cumplió con el cierre financiero (el dinero para la inversión) en enero del 2017, condición sine qua non para que el contrato entre en vigencia (cláusulas 6.2 y 6.3). Corolario: nunca hubo contrato vigente. ¿Será? Ojo, los tubos no fueron comprados por el GSP sino por una subsidiaria –Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional– que no firmó nada con el Estado peruano.

Entonces ¿cómo invocar la cláusula anticorrupción de un contrato del cual no se reconoce su existencia? ¿Y de quién son los tubos? Esto, y mucho más, se verá en el CIADI. Es clave preparar la defensa del Estado y para eso se reúnen mañana procuradores y fiscales.

El Perú necesita el gas en el sur, a lo que se oponen variados intereses que pescan en el río revuelto de la corrupción. Se deben encapsular (aislar) los temas en litigio y licitar, ya, el gasoducto, pero de manera integral: asegurando las reservas de gas del Lote 58; satisfaciendo la demanda ancla de Ilo y Mollendo, la masificación a los hogares, la petroquímica y la posible exportación de gas natural, junto con Bolivia (¿será?).

El gobierno nos está meciendo desde enero 2017 con anuncios que siempre postergan la licitación y le van a pasar la papa caliente al próximo gobierno (2). Muy mal. Licitación, ya, para impulsar el desarrollo del sur y cambiar la matriz energética del país.

No hay que botar al niño (el gasoducto) con el agua sucia de la batea (las coimas) ni dejar que nos sigan meciendo.

1) Algunos afirman que suez se retiró totalmente del consorcio y que aceptó volver con el 2% ante la insistencia de sus socios.

2) Ver: alerta roja en el sur andino, http://www.Cristaldemira.Com/articulos.Php?Id=2797