Los aliados

Nueva campaña de acoso a la prensa desde Fuerza Popular.

Editorial Editorial
18 09 2019 | 02:58h

La bancada fujimorista está decidida a emprenderla contra la libertad de expresión. A la insólita investigación contra las empresas encuestadoras, que incluye sus relaciones con la prensa, se suma el acoso contra periodistas directamente ejecutado desde la bancada de Fuerza Popular.

Un asesor de esta bancada, quien opera la mayoría del tiempo como un trol al servicio del fujimorismo, ha solicitado que se investigue a la periodista Paola Ugaz en relación con sus viajes al exterior, inclusive antes de que estuviera ligada laboralmente a la Municipalidad de Lima, a sabiendas de que estos desplazamientos los realizó en función de su ejercicio profesional periodístico. El objetivo de esta exigencia es forzar una conexión de la periodista con el caso Lava Jato, desviando la atención de las investigaciones que realiza.

Luego, Ugaz ha sido denunciada penalmente por difamación por otro asesor de Fuerza Popular, un oscuro personaje que perpetra notas difamatorias en respuesta a las críticas a los grupos religiosos radicales. Ugaz, quien durante semanas ha recibido ataques de las cuentas ligadas al asesor fujimorista, ha pasado a la condición de acusada.

Lo cierto es que esta campaña no es ajena a las investigaciones que lleva a cabo Ugaz junto con Pedro Salinas en relación con la organización extremista religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), uno de cuyos hitos fue la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados en el año 2015, en el que se denuncia los abusos, incluidos sexuales, de prominentes líderes de ese grupo contra jóvenes. La causa judicial por estos casos de abuso sigue abierta.

La represalia contra los periodistas es brutal y sistemática. Ambos fueron denunciados por el obispo de Piura, integrante de ese grupo, y son objeto de una creciente campaña calumniosa en las redes sociales, la que alcanza incluso a las víctimas que tuvieron la valentía de romper el silencio y llevar a cabo las primeras denuncias, como José Enrique Escardó.

Lo nuevo en este caso es la asociación política ahora abierta entre Fuerza Popular y el grupo radical religioso para acosar a los periodistas que siguen investigando al SVC y que han anunciado nuevas revelaciones. En un inicio, el fujimorismo fue cauto en el Congreso en su defensa de los acusados de abusos, y se opuso durante un tiempo a la formación de una comisión investigadora, al parecer por la relación entre el principal acusado y fundador del SVC, Luis Figari, y un alto dirigente de Fuerza Popular. Los aliados han salido del clóset.