Codinome: otorongo

“Ya en marzo de 2018, Jorge Barata confesó que le había dado dinero “a todos los partidos” para sus campañas al Congreso”.

Marco Sifuentes
15 09 2019 | 03:12h

La estocada final al Congreso ha llegado desde Brasil. Se han revelado 71 nuevos “codinomes”: las inclementes chapas que ponía Barata a sus sobornados. Estas 71 personas recibieron, en total, casi 59 millones de dólares para favorecer a la transnacional en 13 obras de alta envergadura. El rango de tiempo que cubre estas entregas es muy interesante: enero de 2006 y mayo de 2011, es decir, casi todo el gobierno de Alan García.

En estos días, todo el mundo ha estado jugando a especular quiénes estarían detrás de los alias “Castelo” (es decir, Castillo), “Doctor No” (el villano sin manos de James Bond), “Sipán” (emoji de cara pensativa), o la indescifrable “Apra”. No hay que romperse mucho la cabeza. Ya en marzo de 2018, Jorge Barata confesó que le había dado dinero “a todos los partidos” para sus campañas al Congreso.

Explicó que lo hacía por la función “fiscalizadora” que principalmente tiene el parlamento peruano: “el Congreso ha hecho unas 100 investigaciones para todos los proyectos”. “Pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”, dijo. Agregó que los candidatos al Congreso buscaban a los encargados de las obras de Odebrecht “y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin”.

Estas declaraciones se dieron poco antes de la grabación de los Mamanivideos. En uno de ellos, Kenji Fujimori le soltó al congresista acosador: “Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht?”. La insinuación fue negada, en su momento, por los tres fujimoristas.

En estos días el discurso de los implicados es distinto. El jueves, Jorge del Castelo apareció solícito en Canal N para aclarar que, porsiaca, los hechos anteriores a ley de financiamiento de partidos “no son delito”. Esta es una contradicción directa con lo que decía el mismo dirigente aprista hace un par de años cuando pedía “orden de detención para Humala y la esposa” por exactamente los mismos hechos que, ahora, se esfuerza en calificar de no delictivos (en el colmo de la ironía, reforzaba su pedido de detención porque el impedimento de salida del país no era suficiente, puesto que Humala podía “refugiarse en una embajada”).

¿Ahora se entiende por qué toda esta gente quiere prolongar su impunidad parlamentaria hasta el 2021? Quizás esperan que para ese año se hayan abierto más embajadas.