Género, otra vez

La Comisión de Educación del Congreso, presidida por la legisladora fujimorista Tamar Arimborgo, analizará esta semana el proyecto de ley de su colega Héctor Becerril que plantea excluir toda mención al enfoque de género del currículo escolar.

Esta pretensión, una insistencia de la mayoría parlamentaria que en los años 2017 y 2018 llevó al Congreso a derogar varias normas que incluían la palabra “género” en un ataque autoritario, se produce luego de que, por otro lado, el bloque fujimorista reclamara un diálogo por la gobernabilidad con el Ejecutivo.

Por lo demás, la exclusión del enfoque de género no se encuentra en la agenda que llevó el presidente del Congreso a la cita con el presidente de la República, y en el que incluyó cuatro temas: la generación de empleo “en grandes cantidades”, la seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte y el adelanto de elecciones generales al 2020. Es más, tampoco se encuentra entre los 14 temas de agenda legislativa que Arimborgo prometió revisar en su reciente cita con la ministra de Educación, Flor Pablo, entre ellos el cese automático de los maestros a los 65 años, la defensoría del docente, entre otros. Lo más grave es que la presidenta de esta comisión parlamentaria no ha puesto a consideración y para la respectiva prioridad estas iniciativas.

Este proyecto constituye una clara provocación al Ejecutivo y un llamado a la confrontación, habida cuenta de que esta parte de la política pública educativa ha sido respaldada por sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Habría que recordar que la decisión de este último organismo fue declarar infundada en todos sus extremos la pretensión de anular el enfoque de género en la educación peruana.

El ataque a la legalidad y legitimidad del enfoque de género no puede ser explicado desde las atribuciones del Congreso, es decir, que este poder tiene la prerrogativa de aprobar la ley que quiera. Esta ofensiva se vincula directamente al ejercicio de derechos y libertades que se encuentran protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.

Es obvio que en plena batalla por el adelanto de elecciones, el fujimorismo intenta movilizar en favor de su posición a los sectores conservadores. Tiene derecho a hacerlo, pero no a utilizar con este propósito a la educación peruana contra políticas educativas ratificadas y en ejecución. Si este propósito se agrega a la campaña contra la SUNEDU, se tiene sobre la mesa una hostilidad manifiesta contra la modernización educativa.