No se debe criminalizar la protesta
Ni tampoco tolerar el reclamo a través de medios criminales.
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La protesta social nunca se debe criminalizar, es decir, volver fuente de delito, pues constituye un derecho legítimo de la ciudadanía, pero promover o tolerar el reclamo de la gente con hechos criminales es un abuso inaceptable que mancha y desprestigia la decisión de la población de utilizar esta forma colectiva de expresión.
La diferencia es clave cuando surgen, en distintos espacios del país, protestas que, por un lado, son promovidas con entusiasmo principalmente por sectores de izquierda; y, por el otro, que en las mismas el gobierno permita y tolere que quienes reclaman lo hagan con violencia creciente.
Es un error frecuente de la izquierda peruana, que dice defender a los pobres, pero avala hechos que les hacen mucho daño. Por ejemplo, es incomprensible que respalde la continuidad de la protesta en Arequipa por lo que queda del proyecto minero de Tía María, y no diga nada porque los colegios de Islay ya tengan más de dos meses de suspensión, salvo que crea que la educación no ayuda a salir de la pobreza.
Asimismo, esta semana se produjeron acciones violentas en el congreso y el ministerio de trabajo por parte de trabajadores de la Federación nacional de mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú, y de congresistas del Frente Amplio, quienes han planteado la interpelación al ministro del interior por el rechazo de la policía a estos hechos.
Las manifestaciones violentas se vuelven pan de cada día. El lunes, un grupo de personas invadió las tierras del proyecto especial Chavimochic en Virú, La Libertad, y quemó nueve patrulleros. A su vez, se agrava y torna cada vez más violenta la protesta alrededor de la Universidad de San Marcos.
Ocasionar destrozos para reclamar y hasta buscar el diálogo es violencia, aunque algunos no lo entiendan; como lo es un bloqueo de carreteras por uno o setenta días como en Las Bambas; o, también, el ‘aimarazo’ que lideró con vandalismo el gobernador Walter Aduviri en Puno hace ocho años, razón por la que recibió una condena de seis años.
Mal hacen quienes critican esto aludiendo a la criminalización de la protesta, cuando son acciones vinculadas a una protesta criminal que no se debe tolerar, empezando porque desprestigia al reclamo legítimo de la población.
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