Hace 19 años

Hace 19 años, los peruanos asistían estupefactos e indignados a la difusión del video Kouri-Montesinos, una pieza audiovisual histórica que condensó el estado de descomposición del gobierno de Fujimori y Montesinos y que, al mismo tiempo, galvanizó a la sociedad decidida a poner fin a ese régimen corrupto y autoritario.

Desde el momento mismo de la difusión del video, que documentaba la compra por el gobierno de un congresista elegido por la oposición, se inició la fase final de una administración que mucho antes había entrado en crisis, y que para evitar su colapso orquestó el fraude electoral del año 2000.

Luego se supo que la escena del pase al fujimorismo parlamentario de Alberto Kouri por 15 mil dólares no fue una excepción y casualidad sino una regularidad metódica. Para entonces, el Congreso dominado por los partidarios de Fujimori y Montesinos había tenido que recurrir a topos y tránsfugas para mantener el poder, haciendo patente que no había forma de que ese régimen sobreviva con las reglas de la democracia, por más que se vistieran con las palabras y los actos aparentemente democráticos.

La debacle fujimorista se facilitó con su aislamiento internacional, la presencia en el Perú la Misión de Diálogo de la OEA, la intensa movilización ciudadana y la gesta de la prensa independiente que documentó los casos de corrupción del gobierno y de sus líderes civiles y militares más importantes. La huida de Fujimori a Japón y su indigna renuncia por fax terminaron por darle curso a una transición democrática que supere ese momento aciago de la historia del Perú.

Las diferencias entre ese momento y el actual son ciertamente atendibles, especialmente porque el que se enfrenta al fujimorismo que ha capturado el Congreso es un gobierno democrático que se ha enfrentado a la corrupción y es a causa de ello atacado por Fuerza Popular y sus aliados. A pesar de esas diferencias algunas constantes son repetidas, sobre todo la ostensible estrategia que se emplea en el Congreso para proteger a los parlamentarios acusados de corrupción, la colaboración con los jueces y fiscales comprometidos con las mafias, y las campañas mediáticas para destruir a los grupos y personas que desde una opción principista se enfrentan a ese entramado.

A 19 años de estos sucesos, sigue siendo vigente la necesidad de investigar a los acusados de corrupción, denunciar las estrategias de impunidad, procurar una toma de posición clara de los grupos democráticos frente a la ilegalidad, y respaldar las acciones destinadas a impedir el abuso de poder.