MPCh y La Victoria incumplen labor en seguridad ciudadana
Defensoría del Pueblo. El municipio de Chiclayo tiene 16 cámaras de videovigilancia inoperativas, no destinó recursos para este año; en tanto hay más de cuatro mil denuncias por robo y hurto en 2019.
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Son los ayuntamientos los responsables de liderar las políticas en materia de seguridad ciudadana por involucrar los derechos referidos a la vida, la libertad y patrimonio de las personas. Empero, a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y de la Municipalidad Distrital de La Victoria se les habría olvidado cumplir con esta tarea, pese a que ambas jurisdicciones registran 4,335 y 1,432 denuncias, respectivamente, por robo y hurto en lo que va de este año.
La Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia la deficiente labor de las comunas tras verificar que las centrales de videovigilancia se encuentran en mal estado, tal como ocurre en la MPCh, y en una situación crítica en La Victoria, al estar inoperativa desde mayo de este año.
En esa línea, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, exigió a los alcaldes Marcos Gasco Arrobas y Rony Olivera Morales de Chiclayo y La Victoria gestionar el presupuesto que sea necesario para darle operatividad y funcionamiento a los sistemas de videovigilancia, con el objetivo de vigilar y recuperar los espacios inseguros en sus jurisdicciones.
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Ochenta puntos críticos
La ciudad de Chiclayo tiene 270,496 habitantes y la Defensoría identificó 80 puntos críticos de alta incidencia delictiva, como son las avenidas Balta y Leguía, intersección de Leguía y Lora y Lora, intersección de la calle 9 de octubre y Vicente Russo, entre otros, siendo los ilícitos: hurto, robo, contra la seguridad pública y contra la vida, el cuerpo y salud.
Hidalgo enfatizó que la MPCh no contribuye a reducir los índices del delito, debido a que de las 20 videocámaras, 16 están inoperativas. Además, la sala de monitoreo de cámaras tiene una infraestructura inadecuada y no cumple con las normas de Defensa Civil.
En tanto de los cinco monitores de cámaras, tres están inoperativos y no tienen equipos electrógenos que puedan activarse en eventuales apagones. Tampoco cuentan con un técnico en informática para garantizar la operatividad de los equipos ni personal policial asignado a fin de registrar e intervenir en los ilícitos penales ocurridos.
Incluso de la revisión del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se conoció que para este año no se consideraron recursos para el mantenimiento y renovación de equipos de la central de videovigilancia.
Y, por si fuera poco, la municipalidad no impulsa el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana” con Código SNIP n.º 308747, considerado viable desde el año 2017.
Es por eso que Hidalgo dijo que urge la reposición de ocho cámaras para ubicarlas a la altura del Banco de la Nación, óvalo El Pescador, parque principal, entre Balta y Arica, Balta y Lora y Cordero, Belaunde y Lora y Lora, Balta y Bolognesi, y Balta y Leguía.
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