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Política

Carrusel fujimorista

La provisión de empleo seguro a los familiares de los congresistas de Fuerza Popular.

Editorial
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De acuerdo a las documentadas investigaciones de este diario, varios legisladores de Fuerza Popular han violado la Ley N° 26771 contra el nepotismo que dispone que los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio.

El carrusel del empleo implica que, con el propósito de violar la ley –aunque este objetivo no lo han conseguido- los congresistas contratan a los familiares de un colega de bancada, lo que es devuelto por este con la contratación con los familiares del primero. Entre estos legisladores que han incurrido en esta ilegalidad se encuentra el legislador Segundo Tapia, ex vicepresidente del Congreso y actual titular de la Comisión de Fiscalización, una monumental incoherencia entre los actos realizados y las funciones que pretende llevar a cabo.

Como se esperaba, los voceros de la bancada fujimorista han minimizado la infracción legal de su colega, bajo el argumento de que la denuncia “sería direccionada”, es decir que sería la respuesta a la decisión de Fuerza Popular de investigar al gobierno. Otra denuncia de nepotismo que involucra al mismo Tapia y a la actual vocera de la bancada de Fuerza Popular, Milagros Salazar, no fue investigada porque este grupo y sus aliados impusieron su mayoría en la Comisión de Ética.

La denuncia no es banal, aún si se compara con otras de mayor envergadura que compromete a otros legisladores acusados de narcotráfico, tráfico de influencia, cobro de cupos a alcaldes por obras, evasión tributaria, colusión, entre otros. En este caso, es el mal uso de los recursos del Congreso y un aprovechamiento de su autonomía, o el uso del poder político para favorecer el empleo de familiares. Hace poco, la legisladora Yeny Vilcatoma fue denunciada por favorecer a un ex contralor que había empleado a su esposo.

Si las investigaciones parlamentarias se encuentran bloqueadas por la imposición de una mayoría cómplice, quedan dos rutas para sancionar estos delitos. Por un lado, corresponde la actuación de la Fiscalía al haberse producido la violación de una ley, y a la Contraloría General de la Republica en lo concerniente a la ejecución indebida del presupuesto del Congreso.