GRL firmó contratos con empresa vinculada a red “Los Temerarios”
Caso. Contraloría señala que Gerencia de Transportes llegó a firmar contratos irregulares y sin autorización con empresa de vigilancia Segevisa SRL, que fue involucrada en caso de soborno.
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La empresa Servicios Generales y Vigilancia S.R.L o Segevisa SRL firmó diversos contratos por casi S/500 mil con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) para el servicio de seguridad y vigilancia para esta entidad y el Departamento de Equipo Mecánico, entre agosto de 2017 y agosto de 2019. Algunos de estos contratos fueron irregulares y sin autorización, según un informe de la Contraloría y de acuerdo con lo que corroboró este Diario.
A lo anterior se suma que la empresa Segevisa SRL, representada por el empresario Walter Ríos Villacorta y su hijo Walter Ríos Flores, sentenciados por el caso “Los Temerarios del Crimen”, aceptaron ante la Fiscalía haber entregado S/50 mil soles al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de que ganen un proceso de contratación para servicios de seguridad en Epsel. Sin embargo, los servicios de seguridad de Segevisa SRL también habrían alcanzado a otras entidades de la región, a través de diversas modalidades. Y el gobierno regional no sería la excepción.
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Los contratos
El 1 de agosto del 2017 la Gerencia Regional de Transportes autorizó firmar un contrato de S/257,000.00 por servicios de seguridad y vigilancia con la empresa Segevisa SRL, por un plazo de ejecución de 365 días. Es decir, venció el 1 de agosto del 2018, de acuerdo al contrato de servicios n.° 033-2017.
Posteriormente la Gerencia Regional volvió a suscribir un nuevo contrato con la misma empresa (Segevisa SRL) por el importe de S/77,099.00 y por un plazo de ejecución de 127 días, del 2 de agosto al 17 de noviembre de 2018. Esta vez, el acuerdo fue contenido en el contrato complementario n.° 001-2018 y representaba el 30% del importe del contrato original (S/257,000.00).
Si bien la Ley de Contrataciones del Estado precisa que por única vez dentro de los tres meses posteriores a la culminación del contrato la entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, de forma inesperada un nuevo proceso de selección convocado el 24 de octubre de 2018 para el servicio de seguridad y vigilancia quedó desierto. La buena pro de este servicio estaba prevista para entregarse el 13 de noviembre por un monto de S/ 275, 500.00.
Sin embargo, lo más grave de acuerdo al informe de orientación n.° 000007-2019 de la Contraloría, la coordinadora del Área de Abastecimientos, mediante el informe n.° 000199-2018, solicitó a la División de Administración autorizar la contratación de Segevisa SRL por un importe menor a las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Al final la Gerencia Regional le volvió a cancelar a esta empresa S/30,697.00 por servicios brindados del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, es decir, Segevisa continuó brindando el servicio ante la negativa del gobierno regional de autorizar la contratación directa por desabastecimiento. Estos hechos ocurrieron en la gestión del exgobernador Humberto Acuña Peralta.
“(...) en concreto lo que se produjo es una contratación directa con la empresa Segevisa S.R.L., al margen de lo establecido en la ley que regula las contrataciones del Estado”, precisa la Contraloría.
Más contratos
Las observaciones a la exgestión de Acuña también alcanzan a la administración actual del gobernador Anselmo Lozano y al gerente de Transportes, Wilmar Carrasco Becerra.
Según la Contraloría, culminado el ejercicio presupuestal 2018, Segevisa siguió brindando servicios sin tener un vínculo contractual y autorización de la Gerencia Regional, por los períodos del 1 de enero al 7 de febrero de 2019, y del 25 de marzo al 25 de agosto de este año, respectivamente. Los costos por los servicios prestados esos meses habrían alcanzado los S/134,211.13. Incluso, por el período del 8 de febrero al 24 de marzo de este año se habría firmado un contrato por S/32,125.00.
Sobre lo anterior, la Contraloría advirtió que la empresa podría requerir los montos a través de demandas judiciales.
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