“Paso de funcionarios de un ente a otro deja la sensación de impunidad y blindaje”

Este año la Contraloría General de la República se ha puesto muy fuerte en relación a los funcionarios municipales y regionales que no cumplen el perfil para estar en la administración pública. Más de 40 funcionarios han salido de la municipalidad de Trujillo y del Gobierno Regional de La Libertad. Pero algunos han ido a otros entes públicos e incluso aparecen como asesores. ¿No es eso también ilegal?

Hay una disposición de la Contraloría en esa materia. Vemos que la Contraloría algo ha tratado de hacer, pero no es suficiente, porque hemos visto que en algunos municipios (como el caso del distrito de Víctor Larco) han tenido que adecuar su Manual de Organización y Funciones (MOF) para posibilitar la permanencia de algunos funcionarios.

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Pero eso ha dejado una mala sensación.

Creo que la Contraloría debería revisar y observar —si el caso amerita— esas permanencias.

Volvamos a esos traslados de funcionarios. ¿No serían ilegales?

Quizás la ley no les impida; sin embargo esos traslados no tienen ninguna justificación técnica, pero sí política. Es para pagar favores políticos. Lamentablemente la gestión pública ha sido vista como un pago de favores, de prebendas, del amiguismo y hasta de familiares para el uso del aparato del Estado. Y dentro de ellos están los partidarios, quienes han estado metidos en la campaña electoral y en cosas nada santas. Hay militantes que migran de un municipio a otro, del gobierno regional al municipio provincial o distrital. Encima están muy ligados al líder de la organización política.

Estos traslados generan mala sensación ¿no?

Dejan mucho que desear y generan una sensación de impunidad y hasta de corrupción.

¿Y hasta blindaje?

Así es. Ellos sienten la protección de quienes han llegado al poder. Algo se deben entre ellos. No puedo asegurar si hay algo ilegal, pero entre ellos conocen sus hechos no muy transparentes. Lo hemos visto no solo en los gobiernos actuales sino también en administraciones pasadas. Poco se hace desde los poderes Ejecutivo y Legislativo para acabar con esta mala práctica de acomodo de funcionarios cuestionados por no rendir las exigencias de la administración pública.

Caso Beneficencia

También tenemos el caso del presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, Constante Traverso, quien si bien ha demostrado ser periodista colegiado, no cuenta con título profesional como la ley exige. El alcalde Daniel Marcelo ha defendido a Traverso. Pero sabemos que el Ministerio de la Mujer ha decidido revisar el caso de Traverso.

Es un caso que debería investigarse y esclarecerse. Necesitamos un marco normativo más claro, contundente y que genere una sanción contra quienes no cumplan los requisitos para ostentar un cargo. Ahora, no olvidemos también que las municipalidades tienen poco control sobre las Beneficencias. Una representatividad sí, pero poco control ¿no? Incluso el concejo municipal no tiene ninguna injerencia. Hay una norma muy rara sobre las transferencias de las Beneficencias a nivel nacional. Y no solamente ahí, hay muchos casos que en el gobierno regional están en salmuera. Lo que está mal se debe cambiar, por un tema de transparencia, salud pública, para despejar dudas de impunidad, blindaje y favoritismos.

Y hay que tener en cuenta que al final es el ciudadano el afectado.

Hay un tema importante que no se analiza: el perjuicio que se genera a la ciudad al contar con un funcionario que no tiene las competencias o no está preparado para el cargo. El costo social es muy alto.

¿Qué se podría hacer frente a estas circunstancias?

La lucha contra la corrupción está solamente para el tema punitivo, sancionador, y no para lo preventivo. Un cambio fundamentan en la administración pública sería trabajar la prevención.

Finalmente, ¿cree que mejorará la gestión municipal con la llegada de las compactadoras?

En realidad al noveno mes de la gestión no veo un derrotero muy claro, a excepción de la llegada de las compactadoras para mejorar la limpieza pública. Destaco el hecho de que se trate de ordenar el comercio ambulatorio, pero no es suficiente.