Tapia: “Pedido ha sido para investigar metodología y acciones de encuestadoras”

La República

ediciondigital@glr.pe larepublica_pe

04 Sep 2019 | 22:34 h
Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Fiscalización. Foto: Congreso.

El presidente de la Comisión de Fiscalización indicó que este grupo de trabajo tendrá 60 días hábiles para investigar a las encuestadoras. Añadió que tienen la potestad de citar al asesor presidencial Maximiliano Aguiar.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Segundo Tapia, se pronunció por la decisión de conformar un grupo de trabajo para investigar las metodologías y acciones de las encuestadoras.

El parlamentario de Fuerza Popular explicó que este grupo no es una comisión investigadora, recordando el pedido realizado por su colega de bancada Héctor Becerril.

PUEDES VER Congreso: crean grupo de trabajo para investigar a encuestadoras

“Es un grupo de trabajo, no una comisión investigadora. El pedido, básicamente, ha sido para investigar la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras. El congresista ha hecho las consideraciones y la comisión ha tenido por conveniente aprobarlo”, declaró Segundo Tapia a la prensa.

“El tema de las encuestadoras ha generado un gran debate. Incluso, se ha mencionado al asesor presidencial (Maximiliano Aguiar). El grupo de trabajo se ha aprobado por mayoría y vamos a respetar los 60 días hábiles que tienen y ellos citarán a las personas que estimen pertinente”, añadió el presidente de Fiscalización.

PUEDES VER Congreso: aprueban investigar mensaje del presidente Vizcarra por adelanto de elecciones

El grupo de trabajo que estará a cargo de la investigación de las encuestadoras estará integrado por los congresistas Yeni Vilcatoma y Marco Miyashiro de Fuerza Popular, Mauricio Mulder de Apra y Horacio Zeballos de Nuevo Perú.

Según Hernán Chaparro del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Jurado Nacional de Elecciones “tiene un registro de encuestadoras, la base de datos que usamos y un reglamento sobre la aplicación. Ya hay una labor de fiscalización de parte del Estado”. Añadió que la decisión en el Congreso “da la impresión que no tiene un fin técnico, sino político. El momento se presta para interpretar de que hay un objetivo predeterminado”.