Justicia de Damocles

La relación entre la prensa y la justicia en el Perú no siempre es amistosa ni equitativa. Y menos, armoniosa. Al revés. El sistema judicial, muchas veces, es utilizado para atacar al periodismo independiente. Para hostigarlo. Para amedrentarlo. Para silenciarlo. No debería ser así. Pero ya saben. Acá todo puede pasar. Y de súbito lo imposible se vuelve verosímil, y hasta factible. Miren, sino, el caso de Paola Ugaz, o el de los colegas de Ojo Público, donde el poder fáctico influye con roche en los procesos contra periodistas.

Otro que ha padecido el azote judicial, bajo el típico pretexto de los delitos contra el honor, es el periodista Aldo Mariátegui, quien viene lidiando en los tribunales desde el año 2013 contra una denuncia por supuesta difamación.

En su defensa, el abogado Enrique Ghersi sustentó hace escasos días ante el Tribunal Constitucional una acción de amparo con el propósito de anular la sentencia impuesta contra Mariátegui. Enfatizó que dicho fallo “afecta derechos fundamentales” del columnista, dado que el caso prescribió de oficio en mayo del 2013 antes de que voten los miembros de la Sala. Y explicó que la Sala –presidida por César San Martín– publicó la sentencia condenatoria en septiembre, pero con fecha de mayo sin haber notificado a las partes, lo cual llama poderosamente la atención. Por no decir que algo huele mal en esa resolución.

Cinco años atrás, el Centro Liber presentó un amicus curiae a propósito del Caso Mariátegui, el cual fue preparado bajo la dirección del exprocurador Julio Arbizu, y este concluyó que los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema afectaron el derecho al debido proceso del periodista al haberse negado a admitir a trámite una excepción de prescripción presentada en su defensa. “Mariátegui cumplió con el deber de veracidad y la nota periodística cuestionada (una columna publicada en Correo cuando Aldo Mariátegui era el director) no ostenta un carácter difamatorio”.

En nuestro país, está claro, no se requiere de la entronización de una dictadura para que la intolerancia a la crítica se formalice en veredictos arbitrarios o en condenas parciales y abusivas. Mientras que estas prácticas represivas sean cotidianas por estos lares, el futuro de la libertad de expresión no dejará de ser una entelequia.