El inicio

El presidente de la República ha promulgado cuatro leyes sobre reforma política aprobadas por el Congreso en base a los 12 proyecto de ley que el Gobierno presentó al Parlamento en abril pasado. Estas leyes se refieren a la inscripción y cancelación de partidos políticos; el financiamiento indebido de los mismos; la democracia interna en las organizaciones partidarias; y la paridad y alternancia en las listas de candidatos.

Estas normas son el inicio de una larga etapa de cambios que necesita el sistema político peruano. Su concreción es motivo de satisfacción para este diario, pendiente al detalle durante la última década de la reforma política. Estas leyes pertenecen al grupo de proyectos presentados por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y que el Gobierno hizo suyos. De ellos, 6 fueron priorizados en la cuestión de confianza planteada por el gabinete en junio pasado cuando era evidente que la mayoría fujimorista se resistía a aprobarlos. Otras dos normas, que implican reformas constitucionales, esperan la segunda votación.

Algunas de estas normas fueron alteradas respecto a la propuesta original, como la de la paridad, respecto a lo cual se ha establecido un plazo que el año 2026 llega al 50%. Del mismo modo, en esta norma se introduce el voto preferencial, con lo que se resta efecto a los cambios.

A pesar de ello, las normas aprobadas implican un avance en la línea de hacer más transparentes las elecciones y más participativo el sistema político. Una de las leyes elimina el requisito de casi 800 mil firmas para inscribir a un partido, reemplazando la inscripción por la presentación de un padrón de afiliados con al menos 0,1% de las personas que votaron en las últimas elecciones. Es también positiva la inclusión en el Código Penal del delito de financiamiento indebido, sancionado con una pena de dos a cinco años de cárcel al que solicite, reciba o entregue dinero de fuente prohibida. Finalmente, las leyes que establecen la selección de candidatos a través de elecciones primarias abiertas y obligatorias con la participación de la ciudadanía y militancia, es un logro sustantivo que permitirá una mayor democracia partidaria interna.

Debe señalarse, como antecedente de las reformas institucionales, que los cambios precisan de una firme voluntad política y de la movilización de la sociedad, habida cuenta de la fuerza que también despliegan los grupos conservadores y sus intereses específicos que coloca como barrera contra la transparencia pública y la ampliación de derechos.