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Puno: Allegado a Luque plantea suspensión de Walter Aduviri

La Republica
EN DEBATE. Consejeros tienen en sus manos suerte de Aduviri.

Pedido. Francisco Paulo Calatayud Guerra formuló solicitud ante Consejo Regional. Encarcelado gobernador de Puno tiene permiso.

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Liubomir Fernández

Francisco Paulo Calatayud Guerra, exfuncionario de Juan Luque Mamani, solicitó al Consejo Regional la suspensión del actual gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya.

Calatayud fue miembro de varias comisiones de licitación para compra y alquiler de maquinaria en la administración de Juan Luque. Laboró en el área de equipo mecánico del Gobierno Regional de Puno y es militante activo del Proyecto de la Integración para la Cooperación (Pico). Este movimiento llevó al poder al extitular regional.

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El exservidor amparó su pedido en la sentencia de seis años de prisión que pesa contra Aduviri como autor no ejecutivo del delito de disturbios por el Aimarazo.

Según su escrito, debido a su situación jurídica, a Aduviri le correspondería la suspensión en el cargo hasta por 120 días. Si en este tiempo no revoca el fallo en su contra, le correspondería la vacancia en el cargo.

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El delegado del Consejo regional, José Borda Cahua, informó que ya solicitaron al Poder Judicial copia de la sentencia. Empero, precisó que el tema será tratado por los fiscalizadores.

El consejero Domingo Quispe Tancara precisó que no le sorprende que allegados a la exautoridad aceleren la vacancia porque varios de estos se habrían convertido en la nueva cúpula del vicegobernador Agustín Luque.

Protesta

De otro lado, los magistrados que dictaron la sentencia de Aduviri no la pasaron bien luego de la lectura completa de la sentencia, efectuada el lunes pasado.

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El fiscal Juan Monzón y las juezas que condenaron a Aduviri, Shirley Flores Menéndez, Kety Neyra Calderón y Jackeline Luza Cáceres, abandonaron el local del Poder Judicial con amenazas de agresión y resguardados por la Policía. Los aimaras sitiaron el local de la Corte Superior de Justicia. Los manifestantes impidieron la salida de todo tipo de persona de la sede judicial ubicada en la Plaza de Armas de Puno. El propósito era que los magistrados y los trabajadores judiciales sientan el encierro al cual condenaron a Aduviri por los próximos seis años.