En Chinchero. En el lugar donde se levantaría el aeropuerto, en enero del 2019. En 2017, su investigación fue archivada por el ex Fiscal de la Nación.
En Chinchero. En el lugar donde se levantaría el aeropuerto, en enero del 2019. En 2017, su investigación fue archivada por el ex Fiscal de la Nación.

El Informante: Perseguido por Chinchero, por Ricardo Uceda

Lo que revela una disposición fiscal por el caso del aeropuerto del Cusco. Indicios que ameritarían una investigación a Martín Vizcarra han ido a la Fiscal de la Nación. ¿Kuntur Wasi le hizo el discurso?

La República
25 Ago 2019 | 4:35 h

Por: Ricardo Uceda

La fiscal Zoila Sueno ha enviado a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, documentación que podría reactivar investigaciones de índole penal sobre el caso Chinchero al Presidente Martín Vizcarra. Cuando termine su mandato, pues goza de inmunidad constitucional. La documentación fue encontrada en una laptop del gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta, que le fuera incautada en un operativo del Ministerio Público.

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Uno de los documentos, grabado en la computadora el 10 de marzo del 2017, contiene respuestas a las preguntas del pliego interpelatorio que el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, debía responder en el Congreso el 16 de marzo del mismo año. En ese momento la interpelación no se produjo, sino en otra coyuntura, porque sobrevino el fenómeno del Niño Costero. Pero Vizcarra dejó por escrito sus respuestas en la mesa de partes del Congreso. Hasta ahora se desconoce –pues no se hizo una investigación– si son similares a las que elaboró la empresa.

El 23 de agosto la fiscal Sueno decidió formalizar una investigación preparatoria contra supuestos responsables de delitos en la concesión a Kuntur Wasi de la construcción del aeropuerto de Chinchero. No ha realizado ninguna diligencia para esclarecer la relación entre la empresa y el ex ministro Vizcarra. Escapa a sus atribuciones.

Segunda evidencia

Sin embargo, en su resolución, Sueno sostiene que los hechos descritos podrían tener relación con el Expediente 65-2017. El código corresponde a la investigación preliminar que contra Martín Vizcarra realizó el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los delitos de colusión y negociación incompatible vinculados a Chinchero, y que concluyó con un archivamiento el 21 de febrero del 2018. Al vincular nuevos hechos con el expediente, la fiscal se inhibe de toda actuación por la inmunidad del personaje.

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La segunda evidencia documental es sorprendente. Tiene relación con un informe que el ministro Vizcarra ordenó pedir a la CAF para aclarar una controversia con Kuntur Wasi acerca del pago de intereses.

El MTC pagó US$ 45 mil por el trabajo, que le fue entregado por la CAF el 7 de noviembre del 2016, fechado el 4 del mismo mes. Sin embargo, el análisis de la computadora de Balta indica que este grabó dos versiones del mismo informe el 19 y 21 de octubre. De modo que lo revisó o lo tuvo en su poder 16 días antes de que lo recibiera el MTC. Según la fiscal, la CAF se ha amparado en su inmunidad para no contestar sus requerimientos.

Tercera y cuarta

Otro descubrimiento es que el gerente general de Kuntur Wasi tenía grabada en su computadora una adenda del contrato –fuente de los supuestos delitos– el mismo día que el Director de Concesiones Mineras, Yaco Rosas, estaba sometiéndola a la opinión de OSITRAN para aprobación: 3 de enero del 2017.

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Un cuarto indicio alcanzado por la fiscal Sueno a la Fiscal de la Nación es que la empresa Andino Investment Holding S. A., del Consocio Kuntur Wasi, había donado en los años 2013 y 2014 un total de US$ 50,000 al Instituto País, una ONG creada por Pedro Pablo Kuczynski en 2009. EN la ONG se concentraba el equipo que luego organizó la campaña de PPK.

La resolución de la fiscal formaliza investigación preparatoria contra funcionarios del MTC y representantes de Kuntur Wasi que habrían cometido colusión agravada al negociar una adenda al contrato entre ambos para construir el nuevo aeropuerto del Cusco. La hipótesis es que cambiaron las condiciones originales para beneficiar a la empresa. La imputada más visible, la ex viceministra Fiorella Molinelli, suscribió la adenda autorizada por Martín Vizcarra.

El archivamiento

El contrato, firmado durante el gobierno de Ollanta Humala, establecía que Kuntur Wasi debía presentar garantías de capitales que jamás obtuvo, ante lo cual la administración Kuczynski cambió el sistema de financiamiento. Los imputados consideran que el nuevo mecanismo fue lícito y adecuado. Sin embargo, el entonces Contralor General, Edgar Alarcón, emitió un informe inculpatorio, y las objeciones produjeron la renuncia de Vizcarra al MTC. Su sucesor, Bruno Giuffra, anuló el contrato con Kuntur Wasi, que ha demandado el Estado. Ya como presidente, Vizcarra impulsó el proyecto, que será construido por Corea del Sur bajo la figura de convenio de gobierno a gobierno.

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En teoría, el ex ministro Vizcarra tendría las mismas responsabilidades de Molinelli. La diferencia está en la inmunidad. En 2017 Vizcarra declaró ante el Fiscal de la Nación que siguió los dictámenes del Consejo Directivo de OSITRAN, cuyos directores de entonces son investigados. La cúpula de OSITRAN decidió en contra de órganos de línea que se oponían a los cambios. Pablo Sánchez opinó que no había mérito para investigar a Vizcarra porque su función era dirigir políticas y cumplir los criterios técnicos representados por los directivos de OSITRAN y del MEF, que fueron favorables.

Fiscal a prueba

La resolución de Sueno plantea cuestiones que van más allá de la licitud o no de los cambios en la adenda del proyecto. ¿Se hicieron en la computadora de Kuntur Wasi? ¿Cómo así tuvo la empresa el informe de la CAF antes que el MTC? ¿Por qué aprobó el ex ministro una adenda que sabía que estaba mal, según sus testimonios a la periodista Rafaella León, recogidos en el libro Vizcarra?

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Salta a la vista que estas preguntas solo podrán ser respondidas por una investigación rigurosa, que examine, en el marco incestuoso en el que se desarrollaron ciertas asociaciones público privadas, si realmente Vizcarra cruzó la línea delictiva. La situación pone a prueba a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que podría permitir un esclarecimiento, investigando sin afectar el fuero presidencial, o dejar durmiendo el expediente, en la línea de su predecesor, cuando no se conocían nuevos hechos.