Para solidarizarse con el valle de Tambo se necesita una protesta legítima sin violencia

Defensor del Pueblo: “Para solidarizarse con el valle de Tambo se necesita una protesta legítima sin violencia”

Ángel Manrique Linares, representante de la Defensoría del Pueblo, da algunas luces sobre las complejidades del fenómeno que le sirve a Arequipa para mirarse al espejo.

La República
25 Ago 2019 | 9:40 h

Juan Carlos Soto

Cuando se activó la huelga contra el proyecto Tía María, el defensor del pueblo, Ángel Manrique Linares se trasladó hasta el corazón del conflicto: el valle de Tambo. En esta entrevista, da algunas luces sobre las complejidades del fenómeno que le sirve a Arequipa para mirarse al espejo. En un primer balance el diagnóstico arroja desconfianza con el Estado, autoridades con poca predisposición al diálogo, una sociedad fragmentada y violenta.

¿Qué características identifica del conflicto contra el proyecto Tía María?

Hay una desconfianza permanente de los pobladores frente a la actuación del Estado. Se trata de un conflicto de hace 10 años y pese al tiempo transcurrido no hubo la mejor estrategia para acercarse, brindar la información veraz y oportuna a los ciudadanos. Otra característica, el escalamiento rápido de la violencia. Después de la decisión del gobierno de autorizar la licencia de construcción al proyecto minero, inmediatamente hubo un paro y luego enfrentamientos con la policía. La violencia saltó hasta Arequipa. Eso se ha visto reflejado hasta en las redes sociales, incluso de grupos propiciados por la empresa.

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Para Quellaveco, Las Bambas y Candarave, se instalaron mesas de diálogo, ¿por qué en el valle de Tambo el diálogo no prospera?

Los conflictos de esos lugares dejan muchas lecciones para Arequipa. En el caso de Quellaveco, la empresa hizo una autocrítica, reconoció compromisos y los amplió para el desarrollo regional. Los líderes y dirigentes sociales hicieron ejercicio del derecho a la protesta, pero cuando tuvieron contacto con el Estado actuaron de manera razonable frente a sus pedidos. Eso es muy destacable. Un líder tiene dos caminos: convencer a la gente mediante la violencia o legitimar su protesta por el convencimiento con argumentos. Si va por la estrategia del miedo, no logrará la solidaridad.

Es un conflicto que deja una sociedad arequipeña muy enfrentada.

Lamentablemente sí, las autoridades regionales tomaron una posición y no buscaron el diálogo. Cuando una autoridad política toma posición respecto a un tema en debate, alienta la confrontación entre las posiciones. Eso ocurrió en Arequipa.

En 2002 con el Arequipazo, el alcalde Juan Manuel Guillén tomó una posición a favor de la protesta, ¿por qué criticar al gobernador Cáceres Llica?

La responsabilidad de las autoridades políticas es promover el diálogo como mejor estrategia. O tomar decisiones apegadas a la ley. Si hay discrepancias, hacerlo en ese marco. Fue oportuno, desde el Gobierno Regional, la presentación de un recurso de revisión para impugnar la autorización de la licencia por la vía regular. La autoridad debe cumplir la ley y garantizar el derecho de todos, no de un grupo.

¿El conflicto develó nuestra debilidad institucional?

Hay una débil institucionalidad que obstaculiza el acercamiento del ciudadano con el Estado. Algunos dirigentes apelan a la estrategia del miedo, lo que debemos descartar. Por otro lado, vemos que la sociedad está expuesta a enfrentamientos. No puede ser que un proyecto minero enfrente a las personas. Se quiere promover regionalismos bajo concepciones de raza.

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En anteriores conflictos, los dirigentes de Tambo estaban identificados, hoy dicen que el pueblo se autoconvoca.

Es una característica. No hay liderazgos visibles, eso preocupa. Sin interlocutores válidos, es difícil conseguir una solución. Nadie se presenta como el representante del grupo, probablemente por miedo o desconfianza.

El papel de los alcaldes es cuestionable, ¿están mudos? Al alcalde de Islay casi lo linchan por pedir mayor resguardo policial.

El reclamo legítimo se ve manchado cuando se intenta convencer por el miedo y terror. En las autoridades de Islay advertimos preocupación pero deben ser conscientes que ellos representan a todos los ciudadanos y tampoco puede sucumbir al miedo (...) El contexto es complicado pero para eso eres autoridad.

Los manifestantes actúan encapuchados, el prefecto Hernán Vela sugiere la penetración terrorista en la protesta.

No se puede afirmar el término terrorismo tan ligeramente. Muchos menos si eres autoridad. (…) Ahora, si una persona se encapucha es porque esconde algo. Lo que se requiere para solidarizarse con el valle de Tambo es una protesta legítima, si es violenta, pierde solidaridad.

Bloquear una carretera, agredir a un policía, es un delito. Muchos piden mano dura, ¿es fácil razonar así?

Hubo detenciones, el Ministerio Público investiga. Es falso afirmar que las autoridades no actuaron. Hubo detenidos donde intervenimos para que se respete el debido proceso, estuvimos en Seguridad del Estado, Fiscalía, etc. Hay más de 20 denuncias en curso.

¿Ha sido correcta la actuación de la autoridad de Educación, algo dubitativa en la suspensión de las clases por las protestas?

Las autoridades deben garantizar el derecho de los niños. En ningún caso el derecho de la educación debe dificultar a la protesta. Lamentablemente hubo daños irreparables a nuestros niños por la suspensión de labores. Por más que exista un programa de recuperación, el daño ya fue provocado. Tú como dirigente no puedes decir que suspendan clases. Amenazas el derecho de los niños. Eso es inconcebible. Afortunadamente, la gerencia tomó una decisión acertada de no suspender.

Lo más grave es lo que ocurre en Islay.

Hay gente que considera que su protesta se ve mellada si su hijo va al colegio. Diferenciemos las cosas, derecho tiene tu hijo de ir al colegio, así como tú tienes derecho a protestar.

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¿El gobierno debe tomar una decisión final sobre el proyecto minero?

El GRA impugnó la resolución por la vía administrativa y tienen que ser consecuentes con esa decisión y esperar ese resultado.

¿No es razonable cuando el gobernador sostiene que el presidente Vizcarra debe venir con la resolución de cancelación cuando aún la vía administrativa no está agotada?

La autoridad política tiene que plantear sus exigencias en el marco de la legalidad y razonabilidad. Ya existe una decisión del consejo de minería que suspende el proyecto por 120 días. Todos deben respetar esa resolución. Una vez resuelto el proceso, cabe efectuar otra resolución administrativa y otra judicial.

¿Es posible que las autoridades busquen consensos para salir de esta crisis?

El esfuerzo de las autoridades y actores involucrados debe centrarse en generar las condiciones del diálogo y en estos momentos no se puede iniciar un diálogo. Dialogar significa reconocer a todos los actores, los que están a favor y en contra. (...) Pero la desconfianza y el temor es tan alto que ni siquiera los actores están identificados. Si tú quisieras dialogar con el valle de Tambo, ¿con quien lo haces?

¿Qué reflexiones deja el conflicto?

Las autoridades políticas consideran que su objetivo es ejecutar proyectos y como ciudadanos esperamos una visión de ciudad o región. (…) Por otro lado, tenemos una sociedad muy fragmentada y enfrentada. Autoridades con escasa legitimidad y estamos sin objetivos comunes. No sabemos qué ciudad queremos. De tiempo en tiempo estallan los conflictos, nos enfrentamos y no estamos construyendo nada. Y esto no solo está dentro de la esfera política, también dentro de la sociedad. Nos estamos volviendo violentos, nos enfrentamos entre nosotros, no respetamos los derechos de los otros.