Más allá de Tía María

Hay que mirar más allá de las marchas y contramarchas, del mal manejo y de los dimes y diretes que el conflicto irresuelto de Tía María ha desencadenado. Aquí se manifiesta una situación recurrente y crónica en nuestra historia, que es común a otros países latinoamericanos.

Es obvio que la explotación minera es necesaria e indispensable para el crecimiento económico del país. Pero no es menos obvio que, con demasiada frecuencia, ella genera conflictos ambientales y afecta derechos consuetudinarios e identidades de las poblaciones locales.

Lo que ocurre en Tía María, replica, en cierta medida, lo ocurrido en Las Bambas, en Conga, en Tambo Grande, en Bagua, con Doe Run, y antes con la corporación Cerro de Pasco y, en otros terrenos, con Gildemeister y hasta con la International Petroleum Company, que defraudó durante décadas al país, con la complicidad de los dirigentes políticos nacionales. Es comprensible que se sospeche de las corporaciones.

El conflicto social cubre todos los siglos XIX y XX. Su prototipo es la rebelión de Huancané, en 1867, cuidadosamente analizada por Carmen Mc Evoy, y cuyo dirigente, el luego ejecutado comerciante Juan Bustamante, afirmó: “Mi lema y mi programa son que los indios no sean excluidos de los beneficios sociales que la esplendente independencia del Perú prodiga a los blancos”.

Y no hace falta remontarse a la época colonial con las insurrecciones precursoras de Túpac Amaru (y de Túpac Katari en lo que hoy es Bolivia), en la década de 1780. En todos los casos, se trata del divorcio entre el Perú oficial y el Perú profundo que tanto indignó a Jorge Basadre, o de la “esquizofrenia” del Perú, al decir de Pablo Macera. La independencia no estableció, no podía establecer en esa época, una república de ciudadanos iguales. Peor aún: con la independencia se incrementó el saqueo a las comunidades indígenas y poblaciones locales. Esta expoliación fue aún mayor en otros de los nuevos países. En Chile y Argentina se produjeron verdaderos exterminios de la población mapuche, so pretexto de imponer la civilización sobre la barbarie, como proclamaba Sarmiento y pensaba Portales.

La violencia de las tomas de carreteras o incendios de locales públicos o privados, tiene que ser condenada. No es, de ninguna manera, justificable. Pero la solución de los conflictos por la vía de la sangre y el fuego, simplemente no es democrática. Se afirma, a veces, que los problemas se reducen a la acción de agitadores, de aspirantes a la figuración política o de negociantes que pescan en río revuelto. Todo esto existe, pero no es suficiente para entender la indignación de poblaciones, que no se aplacan con costosas campañas de publicidad.

Como decía Basadre, el Perú es un problema, pero también una posibilidad. Se ha avanzado mucho. Ahora, para seguir en la ruta del desarrollo, es imprescindible asegurar la inversión en actividades extractivas rentables a largo plazo. Ello exige nuevas reglas y prácticas que eviten los terremotos sociales. No se debe condenar al fracaso a la actividad minera, ni echar leña al fuego del incendio insurreccional.